La utopía democrática combina razón, igualdad, libertad, derecho, autonomía y responsabilidad. Otro principio fundamental es la deliberación continua como base de las decisiones públicas; impide la clausura de un asunto y que un individuo o grupo se quede con la última palabra.

Al contrario, en una democracia madura, todos los asuntos permanecen abiertos y deben sustentarse argumentativamente.

La idea de que el futuro se halla amarrado y bien amarrado, que ninguna hoja se mueve o que un asunto quedó oleado y sacramentado es ajena al carácter esencialmente dinámico, reformista y fluido de la democracia. En ella, más bien, debe primar la discusión y cualquier asunto debe definirse y redefinirse dentro de los límites de la razón pública.

Para esto debe existir una amplia libertad de palabra, pensamiento, creencias y expresión, en un ambiente que cultive y celebre la diversidad de argumentos y discursos, y el pluralismo de concepciones de mundo y de la sociedad.

Ese ambiente está siempre amenazado —y con él, la utopía democrática deliberativa— por el control o la proscripción de ideas, la concentración monopólica u oligopólica de los medios, el silenciamiento de las voces críticas, el aplastamiento de las minorías o la imposición forzada de verdades oficiales.

Más recientemente, nuevas formas de coacción aparecen como riesgos inminentes.

La más sutil es el movimiento de clausura del libre intercambio de argumentos y opiniones en beneficio del pensamiento políticamente correcto. Busca poner límites a la expresión de ciertos lenguajes, palabras incluso, y de determinadas doctrinas, ideologías o visiones del pasado o el futuro. Opera como árbitro de lo permitido/prohibido; como un interruptor de los debates y la consagración de una frontera más allá de la cual las personas quedan excluidas de la comunidad de creyentes.

Esta modalidad de clausura discursiva opera en diferentes ámbitos y de distintas maneras. Se ha desenvuelto con fuerza en las universidades de diversos países; también en Chile. Es una negación de la vida académica y destruye el delicado entramado de reglas que hace posible la labor intelectual, sustituyéndolo por el fervoroso clima de los grupos poseídos por su verdad.

A su turno, las redes sociales se han vuelto un arma de los movimientos de clausura. Sirven como lugar de encuentro, instrumento de choque y medio para el bullying virtual.

Paradojalmente, este efecto corrosivo de las redes sociales abre las puertas para una nueva amenaza: el derecho que se arrogan los controladores de aplicaciones masivas para eliminar voces en la red y quedarse con la última palabra.

No es su función, sin embargo. La libertad de expresión debe garantizarse como principio liberal en la Constitución, regularse por la ley y mantenerse continuamente abierta a la discusión. Solo de esa manera pueden incorporarse los avances tecnológicos, procesarse las preferencias normativas e impedirse el poder de la última palabra.