Muy temprano en su carrera política, Donald Trump se dio cuenta de la importancia de Twitter. Esa red social se convirtió en el principal medio para enviar mensajes a sus partidarios, llegando a tener 88 millones de seguidores. La decisión de la compañía de bloquear permanentemente su cuenta daña sus expectativas de seguir influyendo en la opinión pública. También abre interrogantes sobre el papel de las redes sociales y de las grandes empresas tecnológicas en la democracia y la defensa de los derechos individuales, especialmente la libertad de expresión, consagrada constitucionalmente.

Además de Twitter, también Facebook, Instagram, Twitch y hasta Amazon tomaron medidas contra Trump y sus partidarios, calificando de “peligrosos” sus mensajes que supuestamente “incitaban a la violencia”. Las grandes compañías de internet se amparan en la sección 230 del Acta sobre Decencia en las Comunicaciones, de 1996, que tuvo como objeto original eliminar la pornografía de la red. Permite a las empresas filtrar o eliminar “de buena fe” material considerado obsceno, ilegal u objetable, protegiéndolas a la vez de acciones legales de terceros. La ley dice que “ningún proveedor o usuario de un servicio de computador interactivo debe ser tratado como el editor de cualquier información provista por otro proveedor de contenido informativo”. Es decir, la plataforma sería un mero vehículo, o un muro donde se pegan mensajes. Es esta noción la que ya no parece del todo evidente.

El propósito de la ley fue promover el desarrollo de internet, pero hoy es objeto de cuestionamientos, por la falta de responsabilidad de estas plataformas y al mismo tiempo por la supuesta censura que aplican a algunos usuarios. En mayo pasado, Trump firmó una Orden Ejecutiva para revisar la ley porque las Big Tech habrían abusado de las protecciones legales, coartando la libertad de expresión. “Censuran opiniones con las que están en desacuerdo. Dejaron de actuar como distribuidores pasivos y deben ser considerados y tratados como creadores de contenidos”, señaló el documento.

El CEO de Parler, una red social partidaria de Trump que Amazon y otros sacaron el lunes de sus servidores, acusó a estas grandes compañías de “abuso de posición dominante” y aseguró que era un “ataque coordinado de los gigantes tecnológicos para matar la competencia en el mercado, dañar a Parler y ayudar a Twitter”.

En realidad, ya antes de los sucesos del Capitolio, muchos cuestionamientos a los gigantes tecnológicos tenían que ver con supuestas censuras a mensajes de contenidos “conservadores”. Se trata, sin embargo, de un debate que trasciende posturas ideológicas. En efecto, la decisión adoptada respecto de Trump sienta un precedente de alcances complejos, más allá de la antipatía que pueda despertar la figura del saliente mandatario.

Los dilemas que el tema plantea fueron bien resumidos por Angela Merkel, quien —por intermedio de su vocero— afirmó que los operadores de plataformas “tienen gran responsabilidad para que la comunicación política no se vea envenenada por la odiosidad, mentiras o la incitación a la violencia”. Sin embargo, añadió que “la libertad de opinión es un derecho fundamental” y desde ese ángulo “es problemático que las cuentas del Presidente de Estados Unidos hayan sido bloqueadas permanentemente”.