Parlamentarios del Frente Amplio y otros sectores de izquierda han presentado un proyecto para derogar la Ley de Seguridad del Estado, la “ley antibarricadas” y el control preventivo de identidad por Carabineros. Todo esto, en el marco de una “agenda antirrepresiva”, pues —según los congresistas— dichas normas solo servirían para “neutralizar a los adversarios políticos, silenciar el derecho a la protesta social y estigmatizar a ciertos sectores de la población”. Se trata de afirmaciones tan categóricas como discutibles.

Desde luego, es paradójico que esos diputados pidan derogar, entre otras, la misma Ley de Seguridad del Estado cuya no aplicación fue uno de los fundamentos de la acusación constitucional contra el entonces ministro del Interior, Víctor Pérez, que ellos apoyaron. Pero, más allá de esa evidente incongruencia, tal vez lo más inquietante sea constatar las dificultades de una parte de la izquierda para abordar los problemas de seguridad y orden público, cual si el rechazo a la violencia y al quebrantamiento de la ley no fuera un fundamento del sistema democrático.

Revelador es que dentro de las normas a derogar se mencione la “ley antibarricadas”, también conocida como “ley antisaqueos”, de traumática historia para el Frente Amplio. Se trata de una iniciativa que —a la luz de los hechos ocurridos luego del 18 de octubre— buscó facilitar la persecución y sanción de diversas acciones de violencia. Originalmente, parte del Frente Amplio aprobó en general ese proyecto, si bien restándose de apoyar las normas que penalizaban las barricadas, acciones que el diputado Gabriel Boric incluso calificó como “legítimas expresiones de resistencia”. Tal reserva, sin embargo, no evitó que la izquierda más dura lanzara contra él y otros de sus correligionarios una avalancha de descalificaciones. Entonces, a la mañana siguiente, el mismo diputado y su compañero de coalición Giorgio Jackson subieron a Twitter sendos videos señalando su arrepentimiento por haber apoyado el proyecto; un mes después, al volver este a la Cámara en tercer trámite, rechazaron incluso las disposiciones que antes habían aprobado.

Ahora, el nuevo proyecto reabre ese debate, para derogar, en concreto, el artículo 268 septies del Código Penal, que es el que sanciona a quienes obstruyan la circulación en la vía pública por medio de la intimidación, la violencia o la colocación de obstáculos, así como a quienes lancen a personas o vehículos objetos contundentes. Aunque estas disposiciones pudieren parecer a muchos de sentido común, los autores del proyecto afirman que han sido usadas por la autoridad para “enviar un mensaje político a los manifestantes, para la abstención del ejercicio de su derecho a protesta”, y citan como ejemplo la detención en marzo de 44 presuntos miembros de la Primera Línea, grupo de choque protagonista de violentos incidentes en el sector de la Plaza Baquedano.

En cualquier caso, el despacho de la ley antisaqueos en enero de 2020 parece haber marcado un punto de inflexión en el Frente Amplio, según muestran diversas actuaciones posteriores de sus congresistas, como impulsar el proyecto de indulto a los imputados por los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de octubre o haberse negado a apoyar la ley de fuegos artificiales, pese a la abundante evidencia de su uso por grupos narcos.

Es en este contexto donde se ubica la iniciativa ahora presentada. No cabe duda de que muchos aspectos de la legislación en materia de orden y seguridad pública ameritan ser discutidos y corregidos. Es complejo, sin embargo, cuando, en lugar de un debate sereno, se parte de eslóganes que, junto con descalificar el marco normativo existente, pretenden equiparar su derogación con una suerte de cruzada “antirrepresiva”. Repetidas veces en este tiempo se ha cuestionado la ambigüedad de una parte de la izquierda frente al fenómeno violentista. El proyecto anunciado no solo entrega otra señal en ese sentido, sino que hace patente la dificultad para impulsar un diálogo fructífero respecto de las cuestiones de seguridad pública, sin transformar estas en otro factor de polarización, lo que torna especialmente complejo poder ofrecer una respuesta de Estado frente al desafío que ellas representan.