El domingo 11 de abril acudiremos a las urnas para elegir alcaldes y concejales, sobre cuyo ámbito de competencias no hay mayor discusión. Pero elegiremos también gobernadores regionales, sobre cuya función abundan las preguntas, y que coexistirán de un modo impreciso con los delegados regionales del Presidente de la República. Hay allí indefiniciones de fondo generadas por la desaprensión legislativa. Habrá que ver si esa carga se arregla en el camino.

Finalmente, elegiremos a los integrantes de la Convención Constitucional, un nuevo órgano de poder ideado por los negociadores del acuerdo del 15 de noviembre de 2019 como salida al cuadro de violencia de aquellos días, cuando ciertos sectores apostaban desembozadamente por el quiebre institucional. La misión exclusiva de la Convención es redactar un proyecto de nueva Constitución en el marco acotado de la reforma constitucional que se promulgó en diciembre de 2019. Funcionará paralelamente al Congreso Nacional entre 9 y 12 meses, y el texto que apruebe no pasará por el Congreso ni será revisado por el Ejecutivo. Su aprobación o rechazo se resolverá en un plebiscito que posiblemente se efectuará a mediados de 2022.

La Convención tendrá el mismo número de integrantes que la Cámara de Diputados (155), pero el Congreso resolvió incorporar criterios que no se aplican al elegir parlamentarios. La Ley 21.216 estableció que “en los distritos que repartan un número par de escaños, deben resultar electos igual número de hombres y mujeres, mientras que en los distritos que repartan un número impar de escaños, no podrá resultar una diferencia de escaños superior a uno, entre hombres y mujeres”. Esto implica que un postulante podría reunir votos suficientes para ser elegido, pero si pertenece al sexo equivocado, quedará fuera de la Convención. El precedente es deplorable. Además, habrá 17 escaños reservados para los pueblos originarios, lo que significa incorporar el factor racial en la representación democrática.

La Convención es un experimento político sobre cuyos resultados nadie puede dar seguridades. Por el bien de Chile, es deseable que la elección de sus miembros no merezca reparos, y que sus resoluciones contribuyan a la paz y al mejoramiento de las instituciones. Eso dependerá, por supuesto, del rumbo que allí se imponga. Como es sabido, hay sectores que quieren empujar la Convención más allá de lo establecido, para que funcione como una asamblea constituyente de sello refundacional. Para conseguirlo, se proponen coaccionar a los convencionales para que actúen al gusto de la calle.

Hay quienes sostienen que la elección de convencionales decidirá el futuro del país. Es demasiado decir. Después de tanta grandilocuencia, necesitamos alentar la mesura en las palabras y en los hechos. La Convención ofrecerá una oportunidad de establecer acuerdos duraderos sobre la institucionalidad, pero la suerte del país no está atada solo a lo que allí ocurra. El futuro se jugará, desde luego, en la solidez del pacto democrático, la erradicación de la violencia, el dinamismo de la economía, el mejoramiento de las condiciones de vida, la modernización del Estado, el combate contra la delincuencia, etcétera. Y en el ámbito específicamente constitucional, por lo menos deberíamos coincidir en que solo nos servirán los grandes acuerdos.

Chile no se encuentra en tierra de nadie, como sería la situación de una nación que viene saliendo de un conflicto bélico, una guerra civil o una dictadura. Aunque crecieron la demagogia y el voluntarismo en los últimos años, el país cuenta con un orden legal que nos obliga a todos y, por lo tanto, no puede haber confusiones respecto de un asunto crucial: la actual Constitución regirá hasta que sea reemplazada legalmente por otra.

Si la Convención cumple con la tarea encomendada, habrá que asegurar que la transición de un orden constitucional a otro se realice sin costos para la estabilidad y la gobernabilidad. Pero si por alguna razón esa tarea queda sin cumplir, o el texto que proponga la Convención no consigue la aprobación ciudadana, el país no quedará a la deriva. A fin de año, elegiremos nuevo Presidente de la República y nuevos parlamentarios. En consecuencia, la continuidad institucional no está en duda. Quienes lo tienen claro son los numerosos precandidatos presidenciales que ya están en campaña, convencidos todos ellos de que el cargo de Presidente durará cuatro años y seguirá siendo más o menos lo que es. Incluso los partidos parecen no dudar de que seguirá habiendo senadores y diputados.

Lo esencial es que nos pongamos de acuerdo en la forma de reforzar efectivamente el Estado de Derecho y la cultura de la libertad. Ello demandará una corriente mayoritaria de realismo político y sentido nacional.

Sergio Muñoz Riveros