Los problemáticos cambios propuestos en materia de pensiones ilustran la difícil relación entre Congreso y Gobierno. Aunque los sectores parlamentarios que apuestan a desmantelar el actual sistema evitan en general explicitarlo, los proyectos de reforma constitucional que permiten drenar los ahorros previsionales se han transformado en una poderosa herramienta para ese objetivo. El Ejecutivo, por su parte, ha elaborado un intrincado plan para detener los inconstitucionales avances parlamentarios en iniciativas propias del Presidente de la República. Su estrategia, sin embargo, aún no termina de ordenar a los suyos.

Dos fórmulas, similar resultado

En paralelo a la moción parlamentaria que autoriza un segundo retiro, este miércoles el oficialismo presentó su propio proyecto. Aunque similar a la propuesta de la oposición en cuanto al porcentaje permitido —10%—, las diferencias son considerables. Contrariamente a la iniciativa parlamentaria, que legitima el retiro universal de hasta 150 UF, el texto del Ejecutivo limita el monto máximo a 100 UF y el número de receptores a aquellos contribuyentes activos cuyas rentas no superen los $ 2,9 millones y cuyas remuneraciones no estén reguladas por el artículo 34 (bis) de la Constitución —senadores, diputados, gobernadores y funcionarios de confianza del jefe de Estado—. En garantía de lo anterior, al momento de la solicitud deberá completarse una declaración jurada, sujeta a revisión de las aseguradoras, por lo que el depósito de los dineros podría tardar hasta el doble del plazo sugerido por la oposición.

Las divergencias no terminan ahí. Entre otros puntos, el nuevo proyecto dispone que los montos percibidos serán tributables en los tramos correspondientes y que, en cualquier circunstancia, los dineros deberán ser reintegrados mediante una cotización adicional. Por eso, la iniciativa implicaría un impacto más bajo en las arcas públicas: US$ 1.763 millones menos que el costo fiscal de la moción parlamentaria —US$ 2.254 millones versus US$ 3.917 millones, según cifras de Hacienda—. Ello supone una importante ventaja. Sin embargo, lo que no se considera es el inmenso costo que significará para la población haber retirado ahorros estimados en 11 mil millones de dólares, por más que una parte de ellos sea repuesta en el tiempo. Así, si bien esta estrategia parece superior, el resultado tiene similitud: los fondos de pensiones de los trabajadores serán nuevamente podados.

La reforma sin forma

Y mientras se debaten públicamente las modalidades de retiro, la discusión de una reforma a las pensiones parece realizarse a puertas cerradas. Un elemento que puede generar desacuerdo es la posibilidad de afectar la organización del sistema. Es un tema de suma dificultad técnica que, mal diseñado, podría terminar configurando una muy equivocada política pública. Ante las dificultades que se observan en el sistema político para abordar debates complejos, preocupa la posibilidad de una innovación improvisada.

Por otra parte, si bien la idea de aumentar la tasa de contribución en 6 puntos parece tener transversal apoyo, su distribución y destino generan diferencias. Atrás parece haber quedado la opción de dividir estos 6 puntos en dos partes iguales, destinando 3 a cuentas individuales de ahorro contributivo y otros 3 a un sistema de reparto. Ahora, producto de la presión de la izquierda y la escasa convicción del oficialismo, distintos trascendidos indican que el componente de reparto sería financiado con un impuesto al trabajo de 4 puntos de cotización, mientras que los otros 2 serían destinados a un sistema de cuentas nocionales que, convenientemente diseñado, puede ser conceptualizado también como reparto.

Tal estructura, por cierto, facilitaría la aprobación de una reforma, toda vez que se acerca a las propuestas de la oposición. Sin embargo, significaría un error técnico importante. Frente a un Congreso que muestra una preocupante deriva hacia el populismo, la constitución de un fondo de reparto solo puede implicar mayores incentivos para hacerlo crecer, acelerando así la bien sabida inestabilidad de estos sistemas. Y es que la evolución es conocida: mayores impuestos al trabajo, el redireccionamiento del flujo de ahorro desde las cuentas individuales a un fondo común y el riesgo de la utilización de ese stock de ahorros previsionales para otros fines han sido realidades en países cercanos. Ante ese riesgo, cabe preguntarse si un cotizante racional no apoyará con más fuerza el retiro actual de sus fondos.

Pero, además, la claudicación frente a la posibilidad de destinar la mayor parte de un nuevo aporte previsional a las cuentas individuales puede ser un error político. Las encuestas han demostrado una y otra vez la mayoritaria preferencia de las personas para que sus esfuerzos de ahorro vayan a cuentas individuales. La población también entiende que el pilar solidario debe existir, pero financiado con ingresos generales. Es difícil entonces comprender la obnubilación política en avanzar con 6 puntos íntegros a reparto o alguna fórmula encubierta de similar resultado. La técnica no lo recomienda y la gente no lo prefiere.