Tras nueve meses de teletrabajo y restricciones a la movilidad, es necesario poner atención a la formidable cantidad de actuaciones indispensables para la conservación y funcionamiento del orden legal y administrativo. Hoy es imposible obtener vía web o telefónicamente hora en el Registro Civil para renovar la cédula de identidad y cabe preguntarse cuántos trámites de registro, actualización, regularización y autorización administrativa están siendo simplemente preteridos y reemplazados por la informalidad. En el nivel local, y más allá de las diferencias entre los municipios, la concentración de los recursos económicos y humanos en el combate de la pandemia y sus consecuencias, junto con las restricciones de jornada de los funcionarios, han hecho que los trámites presenciales, desde asuntos urbanos hasta la renovación de las licencias de conducir, tomen mucho más tiempo o se conviertan en impracticables para grupos relevantes de personas.

Algo análogo puede decirse del funcionamiento del sistema de justicia. Pese a que los tribunales han adoptado medidas tendientes a mantener en marcha los servicios, la falta de presencialidad y las limitaciones del trabajo a distancia han ido provocando un retraso gigantesco en los procesos, sin considerar siquiera aquellos que, debiendo haberse iniciado, han sido postergados o simplemente descartados por los afectados debido a las circunstancias. Procesos que ya eran lentos y que, por eso, estaban en el foco de una reforma procesal civil, se encuentran desde hace meses atascados debido a las dificultades objetivas, pero también a la forma en que los operadores, abogados y funcionarios están lidiando con ellas. En lo penal, todo indica que muchos juicios orales seguirán postergándose o alargándose por mucho más tiempo de lo razonable, no obstante —o precisamente a causa de— la presencia de acusados privados de libertad, al amparo de la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional. Los efectos ocultos de esta paralización relativa son mucho más temibles: el impacto en la calidad de las investigaciones policiales, en el trabajo de los peritos de los organismos auxiliares, como el Servicio Médico Legal; los espacios para la justicia negociada a costa de los derechos del imputado o, por el contrario, del necesario ejercicio de la potestad punitiva del Estado conforme a la ley.

La ralentización y, en algunos casos, el verdadero letargo en que se encuentran las instituciones administrativas y judiciales respecto del cumplimiento de sus funciones propias tienen serias repercusiones en cuanto a la certeza jurídica, al tiempo que fomentan la informalidad y la precariedad, pero también el atropello de los derechos. Todo ello debe ser cuidadosamente cuantificado y analizado para adoptar desde ya las medidas necesarias para minimizar esos efectos. Pues allí donde el sistema, por las razones que sea, no está en condiciones de proteger los derechos con eficacia, termina imperando sin contrapesos la ley del más fuerte.