El arrollador triunfo de la opción Apruebo y de la opción Convención Constituyente nos entrega una señal poderosa hacia el nuevo ciclo que hay que construir. El 80% de la ciudadanía optó por una nueva Constitución y similar cifra para que quien redacte esa nueva Constitución sea una Convención Constituyente integrada por 155 ciudadanos y ciudadanas, la mitad de ellos mujeres, y esperando que el Gobierno y la derecha en el Parlamento apoyen la integración de constituyentes de pueblos originarios que también participen.

El conjunto de las oposiciones en sus planteamientos públicos ha reivindicado una nueva Constitución, pero que esta tenga un sello, una particularidad, una identidad, cual es la construcción de un Estado social de derechos. Nadie discute hoy en Chile que el país está en condiciones de garantizarle a todo chileno y chilena derechos básicos, civilizatorios y humanitarios, en salud, en educación, en vivienda, en trabajo decente y en pensiones dignas. Incluso, líderes de la derecha están disponibles para ese camino.

En un país que vive un ciclo recesivo con alto desempleo, con una pandemia permanente, el esfuerzo tiene que ser mayor para dicha construcción. La historia nos enseña que garantizar esos derechos para que sean sostenibles y sustentables en el tiempo tiene que efectuarse con la máxima responsabilidad fiscal. Lo anterior obliga a un nuevo pacto fiscal que dé cuenta de la nuevas necesidades financieras para cubrir esos derechos bajo la premisa de que a nuevos gastos, nuevos ingresos.

En este cuadro, el país debe resolver a lo menos las siguientes tres situaciones: la primera es que en nuestro país antes de impuestos el coeficiente Gini marca 0,49, pero después de impuesto baja a solo 0,46. En la OCDE, que es nuestro referente, el coeficiente Gini antes de impuestos es de 0,47 y después de impuestos es 0,31. Ese debiera ser nuestro objetivo. Un segundo tema en esta materia es, de acuerdo al informe del exdirector del SII, Michel Jorratt, publicado en estas mismas páginas hace algunas semanas atrás, determinó que la elusión y la evasión en Chile alcanza a US$ 21.000 millones anuales, equivalentes a un tercio del tercio del presupuesto nacional 2021 y que esa cifra desagregada nos lleva a una elusión y evasión del 22% del IVA; del 38% del impuesto de primera categoría y del 70% del global complementario. Insostenible esta elusión y evasión para responder financieramente a la construcción del Estado social de derechos, lo anterior implica, para combatir dicho flagelo, un cambio sustantivo en la fiscalización tributaria a cargo de un reforzado servicio de impuestos internos.

Un tercer aspecto dice relación con un informe de dicho servicio de la semana pasada, el que desglosa la participación e ingresos por tramos de los 10 millones de ciudadanos contribuyentes. Este informe nos indica que el 75% de los contribuyentes, es decir, 7 millones y medio de chilenos, están exentos del pago del impuesto a la renta, dado que tienen ingresos inferiores a los $670.000 mensuales, pero este conjunto, de acuerdo al mismo informe, posee una renta promedio mensual de $250.000, lo que hace inviable por justicia social y equidad la ampliación de la base tributaria como lo han sostenido algunos economistas. Por otra parte, ese segmento que está en la más alta tasa de impuesto a la renta solo alcanza al 0,8% de los contribuyentes, es decir, 86.000 personas que están aquí porque tienen ingresos mensuales iguales o superiores a $6.000.000, pero cuya renta promedio mensual de este subgrupo alcanza los $11.750.000 mensuales.

De todas las cifras mencionadas se deduce, en mi opinión, que el nuevo pacto fiscal que asegure responsablemente el financiamiento de los futuros derechos garantizados por el Estado requiere superar estas distorsiones.