La ciudadanía ha hablado; de manera democrática y contundente optó por que se redacte una nueva Constitución en una Convención Constitucional enteramente elegida.

El proceso que se inicia genera ilusiones. La más importante es que sirva para deslegitimar la violencia irracional y destructiva que hemos presenciado desde el año pasado y que recrudeció el domingo 18. Dado que una gran mayoría de ciudadanos —y aquí cuento tanto a los que votaron Apruebo como a los que votaron Rechazo— se ha pronunciado por hacer cambios por una vía pacífica e institucional, los líderes políticos y sociales debieran comenzar a condenar sin matices estos atentados. Que no haya ningún “pero”, ni un “sin embargo”, ni un “hay que ver el contexto”, porque si se condena la violencia pero se dice que es provocada por la policía, generada por la injusticia o la desigualdad, una reacción frente a la “violencia estructural”, o que hay que ir a las causas, se entenderá siempre como justificación de un vandalismo nihilista incompatible con la democracia.

También hay ilusión en que una nueva Constitución pueda mejorar el sistema político y posibilitar mejores políticas públicas que, sin olvidar el crecimiento económico, tengan en cuenta el desarrollo social y comunitario. En este sentido, la disyuntiva “Estado subsidiario versus Estado solidario” es falaz, ya que el Estado debe ser ambas cosas a la vez: subsidiario y solidario. Los principios de subsidiariedad y de solidaridad no son excluyentes, sino complementarios.

Una tercera ilusión es que este proceso no se parezca a los que han predominado en Latinoamérica, y no salgamos con una Carta Fundamental hipertrofiada, que pretenda regularlo todo y garantizar todo tipo de derechos. La sensatez que ha demostrado nuestra ciudadanía debería manifestarse en un texto constitucional en que conste lo fundamental para constituir la república, los valores compartidos y un modelo de gobierno que garantice representatividad y gobernabilidad.

Hay que reconocer que junto a las ilusiones existen también temores. El primero es que la polarización de los sectores políticos se manifieste entre los que sean elegidos constituyentes. Si el sistema electoral es el mismo que el de la Cámara de Diputados, no parece que vayamos a tener una integración muy distinta a la de la actual Cámara. Siendo así, los dos tercios para el Reglamento de la Convención y luego para el contenido normativo de la Constitución, en vez de incentivar grandes acuerdos pueden más bien trabarlos.

Otro temor es que la población se sienta engañada cuando no se cumplan las inmensas expectativas que se crearon de que esta Constitución-talismán arreglará todas las dificultades y agobios que la aquejan. Mi colega en la Academia de Ciencias Sociales Eugenio Tironi dijo que los abogados creemos que las Constituciones hacen milagros; no es así: los abogados somos más conscientes que nadie de que las leyes no sirven de nada si no hay buena política y buenos jueces.

Un tercer temor es que, como estaremos al menos dos años ocupados en redactar la nueva Constitución, el país quede en suspenso y no se haga frente a problemas cuya solución resulta urgente. Más aún, que después de la entrada en vigencia de la nueva Constitución se dilaten las leyes necesarias para implementar sus normas. Sucedió con los tribunales contencioso-administrativos que ordenaba instalar la Constitución de 1925 y que nunca fueron creados.

Y esto se ve también en el presente: en junio de 2018, se reformó la Constitución para establecer que “el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”, pero esa ley lleva más de tres años y aún no es aprobada por el Senado. Los recientes episodios de hackeo al BancoEstado y a la Clave Única reclaman una regulación legal que responda a los nuevos desafíos, pero los parlamentarios parecen haberse contentado con que la protección de datos personales sea consagrada constitucionalmente.

Para concluir, un deseo: que las ilusiones no se frustren y que se conjuren los temores.