El impresionante crecimiento del sistema de educación superior nacional es solo comparable con la inmensa apuesta de las familias de que un cartón universitario aseguraría un futuro laboral próspero para sus hijos. ¿Le acertaron?

Los datos del Simce demuestran la explosión de expectativas. En 1999, un 48% de los padres con hijos en 4° básico creía que estos alcanzarían estudios superiores. Una década después el porcentaje llegó al 85%. Y tal explosión es transversal. Entre padres de alumnos de colegios públicos las aspiraciones de acceso pasaron de 30% a más del 70%. Lo mismo entre las familias más pobres e incluso entre padres con hijos con malos resultados educacionales (sus expectativas se multiplicaron tres veces). ¿Entre los más acomodados? Mientras en 2002 el 23% de los padres de estudiantes de 10 años en colegios privados esperaba que ellos alcanzaran un posgrado, siete de cada diez padres lo creían en 2010. El relato de los egresados de primera generación era fantástico. Porque no teníamos nada, lo queríamos todo. El Estado aceleró la máquina de las ilusiones.

Si bien mayores expectativas son motores de desarrollo y crecimiento, cuando estas son injustificadas pueden desatar presiones negativas (¿estaremos viendo algo de esto?). Un desafío de las políticas públicas es ayudar a generar expectativas reales. Hay que evitar que los sueños se transformen en pesadillas.

En Chile, el aumento en el número de jóvenes con estudios superiores no tiene precedentes. En 1990, con un ingreso per cápita de US$ 4.400, nuestra tasa de matrícula en educación superior era de tan solo 20%. Durante los años siguientes, la situación cambiaría radicalmente. Con un ingreso en torno a los US$ 25.000, Chile cuenta hoy con más de 1,1 millones de estudiantes en el sistema de educación superior y una tasa de matrícula bruta del 90,9% (Unesco, 2018), la que es mayor a la de Noruega (83%), Suecia (72,5%) y Francia (67,6%). Nosotros, subsidiando los estudios universitarios, hicimos más que esas naciones, en menos tiempo.

Sin embargo, ¿había demanda para tanto egresado? ¿El exceso de oferta de graduados no significaría menor crecimiento de sus salarios? Por otra parte, ¿estaban las instituciones asegurando calidad? ¿Y los incentivos frente al financiamiento? Siempre esos malditos detalles, ¿no?

Un problema serio fue la información. Años de falta de datos de salarios, duración y valores de aranceles por carrera y universidad llevaron a generaciones de estudiantes a matricularse en instituciones mediocres y caras. ¿Sería tan rentable un título una vez que se consideran todos sus costos? Estudios muestran que ya en 2012 hasta un tercio de los estudiantes seguían carreras que generaban retornos económicos negativos. ¡Un tercio! CRUCh o no CRUCh, privadas o públicas, nadie se salvaba (Urzúa, 2012; Rodríguez et al., 2015).

Todo, además, fue incentivado por el sistema de financiamiento público. La intención del CAE (2005) era la mejor, pero la lentitud del Estado en ajustar su diseño lo sonó. Por ejemplo, para promover la promoción se entregaron incentivos a las universidades para graduar a sus “beneficiarios”. Y como sabemos, la calidad no fue tema hasta que los jóvenes enfrentaron la realidad del mercado laboral. Distintos estudios muestran que estudiar con el CAE no necesariamente significó mayores salarios (Rau et al., 2013). Y la gratuidad (2016) acrecentó el subsidio y nutrió la misma ilusión. El “derecho” a estudiar gratis no garantiza que esa persona encuentre un trabajo profesional a la altura de lo que estudió.

¿Contribuye el sistema de educación superior a la movilidad social? Claro, con tal de que haya calidad, los alumnos la aprovechen y la economía requiera los servicios de esos titulados.

Contamos 17 libros sobre el “estallido”. No hay duda de que el motor del “estallido” ha sido la juventud. Una encuesta hecha por estudiantes de Sociología de la U. de Chile en la “zona cero” mostró que 42,4% de los manifestantes tenía título universitario, y un 10,4%, posgrado. ¿Subsidió desmesuradamente el Estado la educación universitaria? Las autoridades y la mayoría de los expertos repetían majaderamente que se trataba de un logro extraordinario. ¿No será que muchos jóvenes y sus familias tienen razón al sentirse defraudados? ¿No es verdad, acaso, que fueron empujados a actuar como si la economía fuera a demandar una cantidad siempre creciente de profesionales? Hay muchas razones para el malestar y el estallido. Aquí va una más.

Arturo Fontaine
Profesor UAI y U. de Chile