Señor Director:

Tiene razón Eduardo Silva cuando afirma no ver inconveniente en que el Estado ayude económicamente a organizaciones intermedias que se proponen objetivos de interés general. Así, por ejemplo, en el caso de las de tipo deportivo o cultural que reciben recursos públicos, porque —sincerémonos— de lo que se trata, lo mismo que en el caso de las iglesias, es de recibir dinero o bienes materiales del Estado, algo que es más difícil de entender en el caso de instituciones religiosas cuyo líder, vistiendo solo una modesta túnica y sandalias, advirtió en su momento que había que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

Da el caso, además, que la principal de nuestras iglesias beneficiadas con ese tipo de aportes constituye un credo sin parangón, puesto que es a la vez una iglesia y un Estado —el Vaticano—, que se relaciona con el Estado de Chile como cualquier otro Estado. ¿No tendría que ser el propio Estado Vaticano, y desde luego los mismos católicos, quienes deberían solventar los gastos de su iglesia?

Mi punto está más cerca de religiones e iglesias de lo que se cree, y desde luego no es contrario a ellas. Lejos del poder político y de todo financiamiento público, ¿acaso una iglesia no protege mejor su carácter espiritual, su independencia y el rol trascendente que se atribuye? Y resulta entonces extraño que alguien que está fuera de ellas se vea a menudo en la necesidad —y perdón si esto último resultara presuntuoso— de recordar a los fieles que instituciones religiosas en la fila de las muchas que piden financiamiento público es un hecho que tanto distorsiona el carácter laico del Estado como la propia naturaleza de religiones e iglesias. Estas, según sus propios líderes y adherentes, son bastante más que simples organizaciones deportivas o culturales, y los fines que se proponen tienen una altura muy superior que los que se propone un club amateur de fútbol o una corporación de pintores o alfareros.

Sí o no a los derechos sociales en una nueva Constitución, sí o no al presidencialismo, y están muy bien esos debates. ¿Pero qué impide que nos preguntemos también acerca de qué Estado tenemos o quisiéramos tener en el futuro en lo que atañe a la libertad religiosa —que debe ser respetada incondicionalmente— y al carácter pretendidamente laico de un Estado que en los hechos no es tal?

Agustín Squella