Nombrar magistrados es una de las decisiones más importantes de un Presidente, ya que los fallos de aquellos tienen gran impacto en la sociedad y consecuencias en las políticas públicas más allá de un gobierno. Eso lo tiene muy claro Trump, quien ha pasado por alto las objeciones demócratas, en el sentido de que, si bien es legal, no parece adecuado imponer un nombre cuando hay probabilidades de que pierda la reelección. Esa decisión, dicen, debería tomarse con los resultados electorales a la vista.

Por ahora, el Partido Republicano tiene la mayoría en ambas cámaras, y es el Senado el que está facultado para confirmar la nominación de los magistrados. Sin certeza sobre la futura composición legislativa, Trump no puede arriesgarse a dejar pendiente el reemplazo de la emblemática jueza Ruth Bader Ginsburg, reconocida por sus posturas liberales.

A lo largo de su gobierno, Trump ha tenido como prioridad nombrar jueces, y con el Senado favorable, no le ha sido difícil lograr la confirmación de 218 magistrados en las distintas instancias: dos jueces supremos (Barrett sería la tercera), 53 en cortes de Apelaciones, 161 en juzgados distritales y dos de la Corte de Comercio Internacional. Estos nombramientos no solo han aumentado el número de jueces conservadores, sino que han cambiado el equilibrio entre estos y los liberales en varias cortes distritales. Los republicanos, con esto, pueden estar marcando el rumbo de la justicia norteamericana por un largo tiempo.

Si Barrett es confirmada, lo que está prácticamente asegurado, se incorporará a la Corte Suprema más conservadora desde 1950, con seis jueces de esa tendencia, nombrados por un Presidente republicano, frente a tres considerados “progresistas” o liberales, nombrados por uno demócrata.

Jueza conservadora con “mente abierta”

Favorita entre los conservadores sociales, Amy Coney Barrett tiene una trayectoria marcada por su paso como asistente del juez Antonin Scalia, a quien considera su mentor, pero del cual se desmarcó en las audiencias de confirmación en el Senado, cuando un legislador demócrata intentó hacerla opinar sobre sus declaraciones acerca del tema racial. “Comparto su filosofía, pero no significa que haya estado de acuerdo con cada palabra suya”, dijo.

Conocida por su oposición al aborto, los demócratas se preocupan de que en la Corte Suprema Barrett sea determinante en caso de que se discuta revertir la jurisprudencia que permite la interrupción del embarazo. Su fe católica, y sus declaraciones y publicaciones a favor de la vida fueron motivo de preguntas en las audiencias, lo mismo que sus opiniones supuestamente en contra de la ley de salud conocida como “Obamacare”, que será debatida en la Corte Suprema en noviembre.

Barrett quiso demostrar independencia de Trump y del gobierno, y no tener juicios predeterminados ni influenciados por su religión. Evitó pronunciarse sobre temas electorales, algo sensible en momentos en que hay posibilidades de que el resultado del 3 de noviembre llegue a la Corte. Tampoco se jugó por defender políticas de Trump. “Seré mi propio juez”, “no estoy en misión para destruir” la ley de Salud, fueron algunas de sus afirmaciones, junto con prometer que “tendría la mente abierta”.

Cambios en las reglas

Con pocas opciones para evitar el nombramiento de Barrett, los demócratas amenazan con represalias legislativas. Varios congresistas del ala más izquierdista del partido han planteado aumentar el número de los miembros de la Corte Suprema. Argumentan un “desequilibrio ideológico” y el efecto que puede tener esto en temas cruciales, como la tenencia de armas, aborto, asuntos electorales y económicos.

El candidato demócrata, Joe Biden, y su compañera de fórmula, Kamala Harris, han esquivado el tema, rehusando responder directamente si están de acuerdo con aumentar el número de jueces.

Desde 1869 hay nueve magistrados, pero este número no está en la Constitución, por lo que algunos académicos y políticos consideran que bien puede ser cambiado por el Senado. Franklin D. Roosevelt, en 1937, intentó ampliar la Corte cuando el Congreso no le aprobaba algunas partes del New Deal. Su idea era agregar seis jueces, uno por cada magistrado mayor de 70 años, pero no tuvo éxito.

Si los demócratas ganan las elecciones podrían intentar este cambio, además de limitar el período de los magistrados, quienes son vitalicios. Hay un proyecto de ley que pretende regular los nombramientos cada dos años, con períodos fijos de 18, no renovables.

La idea detrás de los nombramientos vitalicios era que los jueces estuvieran ajenos al debate político. Las actuales circunstancias hacen difícil eso, y de hecho, dicen los analistas, tampoco los nombramientos de la manera propuesta por ciertos sectores demócratas harían a los jueces más impermeables; al contrario, podría aumentar la politización del proceso. El tema es controvertido y estará en el centro de la discusión por mucho tiempo.