El domingo 25 de octubre decidiremos si queremos o no una nueva Constitución y cuál sería el órgano que eventualmente deberá concordarla. Yo votaré rechazo y convención mixta. Y es que, al alero de la Constitución actual, con todas sus virtudes y aspectos perfectibles, Chile ha experimentado un progreso sin precedentes, del que sentimos orgullo. Por cierto, ese éxito no debe invisibilizar los desafíos pendientes ni los nuevos que han surgido al alero de la mayor prosperidad, pero tampoco debe llevar a autoflagelarnos o a avergonzarnos de esa historia y de la institucionalidad que la ha permitido.

Mas bien, esos retos debieran invitarnos a reflexionar sobre la calidad de la política y el ánimo que debe imperar en la sociedad para continuar progresando y a identificar los obstáculos que persisten para que el bienestar alcance a todos. Debemos resolver los instrumentos de política pública, innovadores, de calidad y eficaces, que permitan a los más vulnerables y a la clase media sobrellevar sus temores y carencias y alcanzar sus legítimas aspiraciones a través de su trabajo y esfuerzo, respetando sus libertades. ¿Es necesaria una nueva Constitución para ello? Pienso que no y veo con preocupación cómo ese debate distraerá la atención de los temas que inquietan a buena parte de la población (cuyas preocupaciones, y no las de la élite, debieran ser prioritarias), y cómo la discusión pareciera orientarse en una dirección contraria a las ideas —hasta hace poco transversalmente compartidas— que nos han llevado hacia el progreso, tan necesario para satisfacer las demandas de esos grupos. ¿Significa ello que no hay problemas relevantes a resolver en nuestro sistema político, justamente para poder abordar estos desafíos? Claro que no, solo que estimo que no es necesario partir de cero.

A mi juicio, todos los gobiernos en estos 30 años han podido llevar a cabo, en mayor o menor medida, su programa y creo que lo han hecho con convicción, a pesar de que algunos lo desconozcan, y todo ello bajo la Constitución hoy cuestionada (caso aparte es el del gobierno actual que, desde la violenta asonada del 18-O, debió dejar en el congelador su programa, con el que había ganado amplia y legítimamente las elecciones, cuestión que es inaceptable si realmente creemos en la alternancia en el poder). Sin embargo, hoy tenemos un problema. Algo no funciona bien en nuestro sistema político y electoral, y son escasos los incentivos para que el Congreso y el Ejecutivo actúen colaborativamente. Ello debe ser objeto de una urgente reforma, no solo a la Constitución, sino a otras instituciones reguladas a nivel legal, como el sistema electoral y el funcionamiento del Congreso. Para abordar este crucial dilema, que determina muchos otros —como el estancamiento en la discusión legislativa y la desconfianza en la política— no es necesario partir de una hoja en blanco, sino enmendar los capítulos pertinentes de la Constitución y demás leyes aplicables. Me parece que hay consenso en avanzar sobre esta materia, de manera que bien pueden emprenderse estas reformas, en un menor plazo y con menor incertidumbre.

Voto rechazo, además, porque me temo que si atiborramos la nueva Constitución de materias propias de la política pública (como parece ser la voluntad de muchos) o que pueden resolverse sin instrumentos normativos, restringiendo además las libertades con las que hoy cuentan las personas para satisfacer sus fines, la ciudadanía contará con una Constitución legítima (cuestión discutible para muchos), pero con menos libertades y herramientas, expuestos a las contradicciones y judicializaciones que posiblemente surjan de un texto sobre abultado que trancará la pelota para que los gobiernos futuros, democráticamente electos y de cualquier color político, puedan implementar sus programas y ordenar las prioridades conforme a ellos, generando más desconfianza en la política.

Finalmente, voto mixta porque me parece que el Congreso, institución permanente y esencial a la democracia, no debiera quedar fuera de este proceso y su presencia generará buenos incentivos en el comportamiento de la Convención. Además, porque los 86 ciudadanos electos por la ciudadanía lo serán bajo una magnitud de distritos que favorece la moderación y excluye a los grupos extremos.

Sin duda, todas las opciones que se plantean en el plebiscito son legítimas y soy respetuosa de las razones de terceros para tomar decisiones distintas a las mías. En una democracia liberal y abierta debiéramos tener la madurez suficiente para respetar las distintas opciones y no denigrarlas ya que la diversidad es un valor que debemos promover y proteger.