Existen múltiples desafíos en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Son políticos, sociales, culturales y económicos. Todos ellos han sido diagnosticados en múltiples ocasiones. Desde el retorno a la democracia, en distintos gobiernos, se han llevado a cabo comisiones para abordarlos. El Informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2001-2003) es el más acabado —y quizás el menos revisado—. Y, a pesar de todos los diagnósticos y los planes gubernamentales, abundan las promesas incumplidas. Ello revela que ha habido poca voluntad para asegurar la igualdad política, el ideal democrático que debe motivar la relación con estos pueblos.

En el Acuerdo de Nueva Imperial (1989), el Presidente Aylwin se comprometió con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Lo mismo han hecho, sin excepción, todos los gobiernos posteriores. Ese reconocimiento, a pesar de múltiples proyectos en el Congreso, sigue pendiente. Los proyectos que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y los Consejos de Pueblos Indígenas llevan años de debate parlamentario sin tampoco materializarse.

Por otra parte, la revisión de la oferta de políticas públicas para los pueblos indígenas muestra que esta tiene resultados limitados. Hay una notable falta de coordinación entre servicios públicos o, incluso, al interior de una misma repartición. Muchos de los programas indígenas son mal evaluados, no cuentan con un diagnóstico acabado, algunos ni siquiera con una descripción de sus potenciales beneficiarios, y muchos presentan problemas en su gestión e implementación. A diferencia de países como Australia, tampoco existe una mirada sistémica.

Quizás una de las áreas más dramáticas se da respecto de la lengua. Según la encuesta del CEP a mapuches urbanos y rurales (2016), la lengua sería lo más importante para definir a una persona como mapuche, por sobre la cantidad de apellidos mapuches, la participación en ceremonias tradicionales o el vivir de la tierra. Sin embargo, las cifras revelan una creciente pérdida del mapuzugun. Entre los años 2006 y 2016 el número de mapuches que afirma no hablar ni entender la lengua creció en 12 puntos porcentuales, y si bien en zonas rurales aquellos que declaran hablarlo con algún grado de competencia llega al 33%, diez años atrás esa proporción llegaba al 40%. Esto, pese a que la educación intercultural bilingüe existe desde hace más de dos décadas.

Si en una sociedad pluralista se quiere alcanzar la igualdad política, ello exige el reconocimiento del otro. En el caso de los pueblos, eso conlleva que la pluralidad cultural se traduzca también en una cuestión constitucional. Salvo una breve mención en la Constitución de 1822, los pueblos no figuran en nuestras constituciones. El proceso constituyente puede convertirse en una oportunidad para ese nuevo trato del que tanto se ha hablado. La pregunta es si ese reconocimiento será simbólico o significativo, explorando fórmulas de autonomías territoriales (por ejemplo, a partir de las áreas de desarrollo indígenas) o no territoriales (incluyendo escaños reservados), respetuosas de la autonomía individual, pero que permitan la formación de su voluntad colectiva.

En cualquier caso, regulaciones constitucionales en esta línea debieran ser generales y habilitadoras, dando cabida a las diferencias entre los pueblos y evitando un maximalismo centralista uniformador. Su regulación a nivel de la ley, las instituciones y las políticas públicas que la acompañen será crucial para acompañar estos procesos.

El Primer Ministro Trudeau señaló que se necesitaban en Canadá reformas que aseguren que los pueblos indígenas puedan confiar nuevamente en un sistema que les ha fallado con demasiada frecuencia en el pasado. Lo mismo ha ocurrido en nuestro país. Es hora de cumplir las promesas.

Isabel Aninat
Decana de Derecho UAI