Señor Director:

El Senado rechazó la nominación del ministro Raúl Mera, para ocupar un lugar en la Corte Suprema. Aunque la votación solo da cuenta de números, las razones que se escucharon de manera previa decían relación con la absolución de cuatro carabineros inculpados de haber torturado y asesinado a Cecilia Magni y Raúl Pellegrin, en el caso denominado “Los Queñes”. En su momento, este fallo fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Rancagua y luego por la propia Corte Suprema.

El cuestionamiento al ministro señor Mera es haber absuelto a individuos acusados de haber cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos. No fueron objetados los razonamientos del fallo absolutorio; los hechos que fueron acreditados ni la valoración de la prueba. Nada así; se cuestionó la decisión, a secas, no su mérito.

Esta forma de resolver representa un grave riesgo para nuestro Estado de Derecho. El precedente creado por el Senado parece indicar que solo serán candidatos aptos para la Corte Suprema aquellos que, enfrentados a un caso de derechos humanos, hayan decidido condenar a los imputados aun en contra de las pruebas que tienen al frente.

Como se puede advertir, tal razonamiento es absurdo. La mirada acertada sobre el juez Mera es la opuesta: frente a un caso de derechos humanos, con todas sus complejidades e impacto social, el juez apto para ocupar un puesto en la Corte Suprema será aquel que, prescindiendo de lo subjetivo, falla conforme al mérito de las pruebas que tiene al frente. Esta clase de juez, que no resuelve calculando el impacto público de sus decisiones, garantiza un trato igualitario ante la ley y nos asegura que sus razonamientos no serán presa fácil del juicio acalorado y sin fundamentos al que nos estamos acostumbrando ya casi sin asombro.

Cristián Muga Aitken
Luis Ortiz Quiroga
Leonardo Battaglia Castro
Rodrigo Ávila Oliver
Alejandro Godoy Donoso
Abogados