Acertadamente, el recién nombrado ministro del Interior ha definido como una prioridad de su gestión la necesidad de reforzar las acciones encaminadas al fortalecimiento del Estado de Derecho en toda la zona del llamado conflicto mapuche.

En el último tiempo se ha producido, en efecto, un incremento de los atentados incendiarios, además de otros graves incidentes protagonizados por grupos armados y que sugieren una nueva fase del fenómeno violentista. El derribo de una antena de telefonía y el ataque a un radar aeronáutico, así como los disparos hacia un helicóptero en vuelo, las denuncias de explosiones en la zona del viaducto del Malleco y el provocado descarrilamiento ferroviario, evidencian la expansión y la agresividad de las acciones, pese a las medidas de control desplegadas por la pandemia y la vigencia del toque de queda nocturno. En este contexto, inquieta la filtración de un registro de audio en que se alude a una supuesta instrucción policial de no ir en apoyo a carabineros de punto fijo en un fundo durante un ataque armado. Las autoridades de la institución deberán dar respuesta respecto del apego a los protocolos en la protección de la población civil, así como de las complejidades que enfrentan las fuerzas policiales en el cumplimiento de su deber.

Si bien el conflicto en La Araucanía se arrastra por décadas, la búsqueda de instancias de acuerdo se dificulta por el cambio de prioridades y de énfasis en la estrategia de la autoridad. Tampoco contribuyen al fortalecimiento del marco institucional los mensajes contradictorios que, muchas veces, entregan líderes políticos, como los parlamentarios que visitaron a quien fuera condenado por delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger MacKay. Esto, mientras se acumulan otros antecedentes preocupantes, como las amenazas de una respuesta “militar” a las acciones del Estado por restablecer el orden público y las sospechas sobre un eventual vínculo del narcotráfico con el violentismo.

En momentos de alta tensión, incrementada por la huelga de hambre de algunos presos mapuches y la ocupación de reparticiones públicas, parece urgente que el Gobierno retome iniciativas para enfrentar la conflictividad. La visita a Temuco y la “especial preocupación” que el ministro Víctor Pérez declara tener por la zona —de la que tiene amplio conocimiento, en su condición de exsenador por el Biobío— debieran traducirse en acciones concretas tendientes a combatir la delincuencia, aminorar la violencia y establecer una política de diálogo sustentable en el tiempo con aquellos líderes mapuches dispuestos a colaborar —a veces con un alto costo personal— en la búsqueda de soluciones consensuadas. Preocupante es que algunos dirigentes hayan reanudado prácticas, como la toma de fundos, argumentando desilusión y desconfianza en la voluntad gubernamental por alcanzar resultados concretos. El ministro Pérez tiene también la tarea urgente de desmentir tal percepción.