Señor Director:

Soy un pequeño comerciante que ve con mucha preocupación el avance, en la Cámara de Diputados, de un proyecto de ley que pretende suspender desalojos y embargos de arrendatarios que se encuentren morosos o incumplan el contrato que firmaron con su arrendador.

No dudo de la buena fe de la iniciativa. No creo que intentar embargar los bienes de gente que ha caído en desgracia en estos difíciles momentos solucione nada.

Sin embargo, no permitir que los jueces pidan la salida de los arrendatarios es sumamente lesivo para personas comunes y silvestres como yo.

Debido a la crisis social que nos afectó en octubre pasado perdí parte importante de mis ingresos, que logro principalmente comerciando en Santiago. Ante eso, decidí en enero regresar con mi familia a Melipilla, donde vivíamos en una casa que heredé de mi madre, y que puse en arriendo en 2018.

Los arrendatarios ya venían retrasándose con los pagos desde noviembre, así que cumplí con la formalidad de terminar el contrato en marzo, enviando una carta certificada.

Sin embargo, estas personas no se quisieron ir, y dejaron de pagar no solo el arriendo, sino también todas las cuentas básicas. Al enrostrarles esa situación, respondieron burlonamente: “demándame”.

Averiguando, vi que la pareja de arrendatarios ya había enfrentado tres demandas previas, que ya habían sido desalojados por Carabineros de un domicilio y que incluso se habían tomado un departamento deshabitado.

No me quedó otra que demandarlos, con el consiguiente costo de contratar a un abogado. Ya no tengo plata para mucho más, tengo que dejar el lugar que arriendo en Santiago y no puedo volver a mi casa porque estas personas se aprovechan del sistema.

¡Y ahora quieren aprobar una ley para que no pueda recuperar mi casa hasta diciembre de 2021!

Pido, por favor, que los parlamentarios no aprueben esa ley y permitan que los jueces sigan evaluando caso a caso.

Eduardo Rubio G.
Comerciante