El Fondo de Infraestructura tiene una nueva denominación: Desarrollo País. Con el cambio, la nueva empresa estatal quiere mostrar que ampliará el espectro de obras que realizará, más allá de las concesiones tradicionales. En su nuevo plan estratégico quinquenal, con un valor de más de US$ 1.150 millones, se propone abordar proyectos de infraestructura que combinan lo público y lo privado no solo en autopistas y aeropuertos, sino también en sectores como vivienda, edificios públicos, fibra óptica y desalación. Se busca emular así experiencias como la de Infrastructure Ontario, un organismo del estado homónimo de Canadá, cuya misión es valorizar y modernizar los activos públicos, y que participa en el desarrollo de proyectos de infraestructura de todo tipo: líneas de ferrocarril, hospitales, parques, edificios y otros.

El objetivo original del Fondo de Infraestructura era disponer de una institución más flexible que un organismo del Estado para realizar estudios y desarrollar concesiones de infraestructura pública, al tiempo que se garantizaba que los recursos que se generaran se mantendrían en el sector de infraestructura. La ley que lo creó señala que sus recursos se constituyen a partir de las concesiones cuyos contratos originales terminan y de los ingresos que generan los distintos proyectos que desarrolla. Clave para los nuevos objetivos que se ha fijado, la misma norma permite también que organismos del Estado le entreguen bienes fiscales.

En su forma original, el Fondo de Infraestructura sería alimentado con los excedentes que generaría relicitar concesiones extinguidas, los que usaría para desarrollar buenos estudios de proyectos, así como para subsidiar iniciativas de concesiones que no fueran rentables por sí mismas. Enfrentaba, sin embargo, la creciente resistencia a pagar por concesiones cuyos contratos han terminado. De hecho, con una inconsistencia que empieza a ser usual, muchos de los parlamentarios que apoyaron la creación del Fondo ahora presionan para reducir los peajes. Esto probablemente disminuiría sus recursos respecto de lo que se pensó originalmente.

En el nuevo plan, la idea es revalorizar activos públicos no utilizados o utilizados en forma ineficiente. Por ejemplo, el Estado dispone de muchas propiedades que, debido a las inflexibilidades con que opera, se encuentran abandonadas, incluso en zonas valiosas de las ciudades. Si estos bienes son traspasados a Desarrollo País, la empresa podría asociarse con privados para desarrollar proyectos sin las rigideces del sector público. Por eso se plantea entre las posibles iniciativas la construcción de viviendas sociales de arriendo subsidiado o la de edificios públicos que serían entregados en arriendo al Estado. Si bien este puede desarrollar los mismos proyectos en esos terrenos, el proceso está en ese caso sujeto a disponibilidades presupuestarias, a las normas de operación del sector público y a la supervisión directa de la Contraloría, todo lo cual es lento y eleva los costos.

Esta flexibilidad de Desarrollo País es valiosa, pero acarrea un riesgo, pues estará dada en parte porque sus proyectos no se someterían a las reglas que el Estado ha implementado para prevenir eventuales irregularidades. Al no existir estas limitantes, se abre el espacio para que aparezcan sospechas de corrupción. Por ello, resulta esencial que un organismo de este tipo opere con la máxima transparencia, con un directorio integrado por personalidades respetadas y con conocimiento del sector infraestructura. Además, sus ejecutivos y personal deben estar sujetos a reglas de cumplimiento eficaces. Con esos resguardos, Desarrollo País podría contribuir a mejorar la productividad del Estado.