Señor Director:

En marzo del año pasado, un estudio de la Comisión de Venecia mostró que los límites a la reelección de los parlamentarios son raros. Aunque Suiza rechazó una propuesta reciente y Francia lo ha discutido, dichos límites no existen en Europa. Además, la Constitución de EE.UU. los prohíbe a nivel federal. Existen algunos países que los establecen, como Ecuador y Venezuela.

La Comisión hace recomendaciones diversas tratándose de la reelección del Presidente de la República en sistemas presidenciales. Muchos países han deteriorado sus instituciones democráticas mediante reelecciones excesivas de presidentes cuyas coaliciones tienden a volverse hegemónicas, amenazando la competitividad del sistema y violando el principio de alternancia en el poder. Por ello, la Comisión concluye que en un sistema presidencial dichos límites son necesarios. No ocurre lo mismo con las reelecciones de los parlamentarios. Por el contrario, tratándose de la reelección de los parlamentarios, existe evidencia que sugiere que los límites no mejoran las políticas públicas ni reducen la influencia de lobistas, que los parlamentarios que no buscan la reelección suelen ser menos productivos en sus tareas legislativas, y que dichos límites pueden debilitar a los partidos y al Congreso frente al Poder Ejecutivo.

La crisis de credibilidad de nuestras instituciones representativas exige que fortalezcamos, y no que debilitemos, al Congreso y a los partidos. No obstante, los incentivos generados por los límites a la reelección no están alineados con la necesidad de acercar a los parlamentarios a los intereses de la ciudadanía. Si nuestro sistema tiene un problema de competitividad, en tanto es difícil para un candidato desafiante poder derrotar a un candidato incumbente, ello puede ser corregido mediante instrumentos menos dañinos.

Lamentablemente, la reforma que está pronta a ser despachada reduce el accountability del sistema, promueve la existencia de políticos inexpertos y acentúa la enorme asimetría que hoy existe entre el poder del Congreso y el poder del Presidente. Una democracia representativa saludable necesita una clase política profesional que, lamentablemente, esta reforma contribuye a erosionar.

Sergio Verdugo
Centro de Justicia Constitucional, UDD