Señor Director:

El shock mundial causado por esta pandemia ha golpeado de tal manera a su población y a los diferentes países que todos ellos han delegado en sus autoridades sanitarias, en forma más o menos centralizada, el enfrentar y combatir este flagelo, y a la vez generando una ola de intervenciones del Estado, que ni el mismo Keynes pudo imaginar, para hacerse cargo de sus repercusiones económicas, como: paquetes de ayuda a los más afectados, protección al empleo, créditos blandos y subsidios para rescatar pequeñas y medianas empresas y para algunas grandes compañías estratégicas, con el fin de mantenerlas viables y así iniciar la recuperación de la economía, en la medida que se vaya superando esta emergencia.

Sus montos exceden el 10% del PIB en algunos casos, generan inéditos déficits fiscales, que difícilmente eran aceptables antes de esta crisis, y que superan lo que hicieron los estados para enfrentar el derrumbe financiero del 2008.

Chile no ha sido la excepción. Junto con manejar la emergencia sanitaria en forma centralizada, con alguna participación de las instituciones técnicas (universidades, colegios profesionales y especialistas) y de los municipios, ha sido la autoridad ministerial (el Estado) la que ha llevado su conducción.

A la vez, el Ejecutivo ha impulsado iniciativas inéditas y hasta hace poco inimaginables en Chile para proteger el empleo, otorgar bonos de sobrevivencia a los más pobres, cursar créditos con la garantía estatal para las micro y medianas empresas, abrirse al apoyo a los más grandes con características sistémicas.

Se podrán discutir los montos y la rapidez de su implementación, pero lo indiscutible es que significa una vigorosa intervención del Estado.

¿Cómo ha podido cumplir este rol bajo una Constitución que le otorgaría solo el rol de Estado subsidiario? ¿Se ha infringido su texto? ¡Claramente, no! En estos dos últimos meses ha quedado demostrado que sin perjuicio de que puede ser reemplazada y rediscutida por la ciudadanía, esta no ha sido un obstáculo o freno para el actuar enérgico y oportuno de nuestro Estado frente a este flagelo, lo que ha fortalecido su rol.

Se destruye así el mito de que la actual Constitución es el freno para resolver ahora las principales demandas ciudadanas. Ello depende más de la implementación de oportunas políticas públicas, ejecutadas eficientemente y aprobadas por grandes consensos, como es la urgencia de un nuevo pacto social y económico, que es la base y fortaleza de las democracias más estables y duraderas.

Jaime Ravinet de la Fuente