Intensas negociaciones se están llevando a cabo entre el gobierno argentino y los acreedores internacionales para acercar posiciones en una posible reestructuración de su deuda por 65.000 millones de dólares, equivalentes al 20% del PIB. Hoy vence el plazo de 30 días de extensión establecido entre las partes para el pago de una cuota de 500 millones de dólares y para la búsqueda de un acuerdo que, de no lograrse, llevaría al país trasandino a un nuevo default en su historia. Aunque es posible que dicho plazo se vuelva a alargar por algunas semanas, la situación es crítica, considerando el tamaño de la deuda y el complejo cuadro fiscal que presenta el país.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, el Gobierno está promoviendo un recorte cercano al 40% en los pagos de intereses, una extensión del plazo de los créditos y un período de gracia —es decir, un lapso en que no se pagan intereses ni amortizaciones— de cuatro años, coincidiendo con el período presidencial de Alberto Fernández. Aparentemente, este sería uno de los puntos centrales en la posición del gobierno peronista, que no quiere comprometerse a desembolsos durante su administración. Considerando todas estas modificaciones, la propuesta de las autoridades trasandinas representaría una pérdida cercana al 60% en los bonos emitidos.

La inminencia de un default, esto es, un evento de no pago, representaría un nuevo golpe a la credibilidad de Argentina en los mercados internacionales. Aunque una reestructuración forzada, como la que se está tratando de alcanzar, representa una pérdida importante para los acreedores y un costo relevante para el país, la posibilidad de un acuerdo entre las partes podría restar dramatismo al evento. De hecho, esa sería la apuesta de las autoridades: una suerte de “soft default” o default controlado, donde si bien no se concretaría el pago, la negociación con los acreedores continuaría desarrollándose, con nuevos plazos, según anticipaba la prensa local. Con todo, el recuerdo del drama vivido a comienzos de la década de los 2000, con la cesación de pagos y la crisis económica que la sucedió, amenaza con profundizar los problemas de un escenario en que Argentina —cuyo PIB ya había caído más de 2% en 2019— es señalado como el país latinoamericano que más profundamente sufrirá el shock pandémico, fruto de las drásticas medidas de cuarentena adoptadas por la administración peronista para hacer frente al covid-19.

En cualquier caso, la deuda argentina es insostenible, como han manifestado en innumerables ocasiones organismos multilaterales y el mismo gobierno. Esta situación es consecuencia de que sucesivas administraciones no han sido capaces de ajustar el gasto fiscal a la realidad de crecimiento y acceso a financiamiento externo del país. Por años, esta brecha fue financiada con ingresos provenientes de las materias primas, la expropiación de los ahorros de los argentinos y, luego, un fuerte aumento de la inflación. Finalmente, la falta de ahorro interno y un crecimiento persistentemente bajo han terminado por llevar la situación fiscal a una realidad muy compleja.

En esta oportunidad, un nuevo default podría dar algo de respiro en el corto plazo al gobierno, que dispone de pocos fondos para pagar la deuda; baste ver que el dólar informal se está cotizando a cerca de 140 pesos, casi el doble de su cotización oficial. Pero el default también amenaza con devolver a Argentina a la lista de países marginados de los mercados internacionales. Bajo la administración de Mauricio Macri, ellos estuvieron dispuestos a hacer una apuesta por la nación trasandina, dejando de lado una larga historia de incumplimientos. Pero el fracaso de esa experiencia y un nuevo incumplimiento no serán fácilmente olvidados por dichos mercados.