Quizás sea posible realizar el plebiscito el próximo 25 de octubre, pero eso ciertamente no significa que sea conveniente.

Se han dado ya muy buenas razones para volver a la fórmula institucionalmente obvia, que consiste en recuperar la sede legislativa para la discusión de las reformas. Y esas razones son muy poderosas: el ánimo que no tendremos, la plata que nos gastaremos, los riesgos sanitarios que correremos, la mayor inseguridad económica que generaremos.

Desecharlas de plano es olvidar lo dolorosos y humillantes que resultan los autogoles.

Pero, entonces, ¿qué actor social o político relevante tomará la iniciativa? ¿Qué grupo de patriotas elevará su mirada por encima de los dos últimos acuerdos —tomados ambos bajo fuertes presiones (violencia y pandemia)— para gestionar con calma un nuevo y definitivo pacto? Sí, ¿quién se atreverá a iniciar negociaciones ¡ya! para deshacer lo mal hecho, para volver a las instituciones y para concretar el nuevo marco social en el lugar adecuado, sin farrearnos la plata, sin estresar más a los ciudadanos, sin generarle una nueva cuarentena a una economía que en octubre… quizás, con suerte, tenga su primer brote verde?

Los primeros en iniciar gestiones han sido los republicanos de José Antonio Kast. Seguro de que en los ánimos ciudadanos “octubre no está para plebiscitos” —y que en 2021 el calendario electoral será tan trepidante como los empeños por recuperar el deporte mundial—, Kast ha dado el primer paso.

Otros podrán demostrar su patriotismo si, en vez de medir la pequeña desventaja electoral que pueda significar reconocer que otro lo dijo primero, se unen a la iniciativa republicana y ponen en marcha las conversaciones.

Si los partidos principales de Chile Vamos se suman, podrán revalidarse ante electorados que no les perdonan su claudicación del 15 de noviembre; y si alguna de sus directivas no es capaz de mirar más allá de su pasado reciente, que sean entonces las bancadas parlamentarias, ampliamente mayoritarias por el Rechazo, las que jueguen sus cartas. Apoyo de decenas de alcaldes no les faltará.

Dos de los tres expresidentes, Lagos y Frei, debieran estar disponibles para apoyar un nuevo acuerdo. Con un sólido respaldo de cientos de exministros y de exparlamentarios, su voz dejaría mal entonada cualquier respuesta negativa. En el tercer caso, supongamos que a ella “compromisos internacionales le impedirán involucrarse en los asuntos nacionales”.

¿Y los rectores de las universidades —instituciones a esas alturas, tambaleantes— y los intelectuales, los que ven más allá, no podrían ser ellos también los que levantaran la voz?

Por supuesto, los destinatarios de esta iniciativa tendrán que ser los sectores moderados de las izquierdas chilenas. Y, obviamente, su primera reacción será de rechazo.

Pero no hay que claudicar: también las izquierdas ya huelen el peligro, también en sus filas hay chilenos con rectitud de miras o que, al menos, no querrán competir para ganar la presidencia de un país devastado. Solo en las izquierdas insurreccionales la pérdida de olfato es crónica. Con ellos no se podrá contar y amenazarán con lanzarse de nuevo a la violencia (y lo harán igual, con o sin plebiscito).

Para lograrlo, conversaciones, decíamos.

Tendrá que haber muchas y con un propósito declarado —desechar el plebiscito y una eventual elección de convencionales—, pero realizadas a través de gestiones discretas, en tiras y aflojas de reuniones a puertas cerradas, de obvia tensión, pero imprescindibles. En el caso de los políticos, con todo respeto, para eso les pagamos.

El riesgo de que te descalifiquen y el temor de fracasar son grandes.

Pero, ¿le queda otra a Chile?