Progresivamente, en amplios sectores académicos, políticos y sociales, crece el consenso en torno a que Chile debe avanzar hacia un asegurador público universal en salud que reúna todos los fondos que destina la sociedad para el financiamiento de la salud —cotizaciones e impuestos generales— al objeto de dar garantía a un Plan Universal de Salud que responda integralmente ante las necesidades de salud que más afectan a la calidad de vida de personas, sus familias y comunidades. Hemos llamado a este asegurador público Seguro Nacional de Salud, en línea con las denominaciones que otros países dan a estos arreglos institucionales, no obstante que pueda asignársele algún otro nombre en el futuro en nuestro país.

El mancomunar fondos, más allá de importantes aspectos valóricos como la solidaridad (intra e intergeneracional) o incrementar la equidad, tiene ventajas técnicas de eficiencia en el manejo del riesgo en salud, que son indiscutibles en la evidencia internacional comparada de los sistemas de salud. Tanto es así que ya el año 2014 los países de las Américas, en reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, concordaron avanzar hacia mancomunar los recursos de salud, incrementar el gasto público en salud, la eficiencia de dicho gasto y el fortalecimiento de sistemas basados en la atención primaria a la salud.

Reunir todos los fondos para financiar un plan universal sin ninguna forma de discriminación, entre otras ventajas permite que los recursos sean utilizados íntegramente en acciones de salud y no sean derivados a gastos de venta, administración o utilidad, como ocurre en la actualidad con las isapres. Junto con ello, facilita que la asignación o intermediación financiera esté asociada con acciones probadamente efectivas y cuyo retorno en impacto y bienestar —tales como las actividades de promoción y prevención— esté debidamente priorizado, además de evitar incentivos al consumo de prestaciones innecesarias.

Por otro lado, tener un Seguro Nacional de Salud no es sinónimo de “monopolio estatal”, como intentan señalar algunos de sus detractores, ya que la experiencia internacional señala formas exitosas tanto con prestadores privados (Corea y Taiwán), públicos (Costa Rica, Uruguay) o mixtos (Australia y Canadá). Lo lógico en Chile, dadas las importantes brechas aún presentes en infraestructura, recursos humanos y tecnologías en salud, es que se utilice toda la capacidad existente de modo racional y que el sector prestador privado y el público participen, de modo inteligente, de la red de prestadores del Seguro Nacional. En este proceso, es clave cautelar que los actores privados participen de reglas públicas tal como lo han hecho muchos países, trabajando en red e integrando cuidados en salud.

Hay quienes afirman que el sistema público es menos eficiente que el sistema privado, sin que exista la más mínima evidencia de aquello. El sistema público atiende a la mayoría de los pacientes complejos, por lo que no se puede medir la productividad en salud sin ajustar por esta característica. No obstante, para todos es claro que el sector público debe mejorar en su capacidad de responder a las expectativas y necesidades de salud de la población.

Cada vez hay más acuerdo en la urgencia de hacer cambios profundos a la forma en que se organiza el sistema de salud (gobernanza), a las capacidades de gestión de dicho sector (Alta Dirección Pública, autonomía de los directivos, participación directa de la comunidad, entre otras) y en cuanto a aumentar su capacidad de respuesta de acuerdo con la planificación sanitaria. Pero, en paralelo, también hay que hacer mejoras en la prestación privada, de modo que pueda adaptarse a una lógica sanitaria, que hasta hoy no ha tenido, que conllevaría la implementación de un plan de carácter universal.

Estamos convencidos de que el sector privado que presta servicios de atención no tiene objeción en participar de un esquema público de financiamiento y en asumir reglas públicas. Probablemente la industria de los seguros no tendría objeción en participar, regulando mejor la oferta de seguros complementarios en salud.

Solo una mirada cargada de ideología sigue insistiendo en la persistencia de las actuales isapres, a sabiendas de que por décadas han mostrado graves fallas y están profundamente deslegitimadas en la opinión pública. Así como Seguro Público Universal no es sinónimo de “monopolio estatal”, una participación legítima del sector privado en salud no es sinónimo de isapres. El tiempo de las isapres ya pasó. Llegó la hora de que Chile construya un sistema de salud a la altura de sus socios de la OCDE, donde el aseguramiento público universal, financiado de manera solidaria, es la regla.

Gisela Alarcón
Osvaldo Artaza
Óscar Arteaga
Cristóbal Cuadrado
Álvaro Erazo
Manuel Espinoza
Matías Goyenechea
Juan Carlos Said
M. Soledad Martínez
Jeannette Vega
Guillermo Paraje