El Ministerio de Transportes ha anunciado un nuevo retraso en la licitación de una de las etapas del nuevo sistema de transporte público de Santiago. Según el Ministerio, esto se debe a interrogantes que han aparecido durante la etapa de preguntas y respuestas de los interesados en las bases de la licitación para la provisión de los buses del futuro Transantiago o Red. Estas dudas han llevado a la introducción de cambios en las bases, los que requieren de la aprobación de Contraloría y ello es lo que explicaría el retraso. La exministra del área en la administración anterior ha considerado esto un fracaso del actual gobierno, haciendo ver que la demora condena a las personas a seguir utilizando buses que no deberían continuar circulando, y a la autoridad, a negociar bilateralmente contratos de extensión para los operadores vigentes.

En cierta forma, se entiende la crítica de la ex secretaria de Estado. Esto, pues al final de la administración Bachelet se había iniciado un proceso de licitación del transporte público que fue abortado por el gobierno de Sebastián Piñera. Los motivos para no continuar con ese proceso eran múltiples; en particular, este consideraba un contrato de largo plazo cuya estructura tenía pocos cambios estructurales respecto del deficiente esquema actual. Frente a ello, las nuevas autoridades resolvieron modificar radicalmente el modelo. Este nuevo esquema para el transporte público de Santiago aparenta ser más eficiente, pero, al representar un cambio también más sustantivo, ha requerido de más tiempo, para evitar repetir los errores ocurridos, producto del apuro, en los inicios del Transantiago.

En el futuro modelo no solo habrá más operadores que en el pasado, sino que además estos no serán propietarios de los buses. Ello permitirá reemplazar fácilmente a un operador que no preste un buen servicio, a diferencia de lo que pasa en la actualidad, en que los operadores son también dueños de las máquinas, lo que hace más difícil sacar a quienes se desempeñan deficientemente. Como contrapartida de esa ventaja, se agrega la complicación que supone introducir la figura del proveedor de buses del transporte público. Estas serán empresas que recibirán una remuneración por comprar y ceder las máquinas que utilizarán los operadores.

Una de las dudas que surgen en este esquema —además de las condiciones de pago— se refiere a los incentivos para el adecuado mantenimiento de los equipos. Esta responsabilidad podría ser traspasada a los operadores de las micros, pero estos no tendrían un interés directo en los buses, de modo tal que, para que cumplan eficazmente la tarea, deberían existir ciertos incentivos. Una fórmula sería la de que tuvieran que cumplir ciertos requisitos de frecuencia, lo que obligaría a que las máquinas efectivamente funcionaran bien. El problema serían los casos de operadores deficientes, que estuvieran en proceso de salida del sistema, los que por lo mismo podrían descuidar el mantenimiento de los equipos. Por cierto, a los potenciales proveedores de máquinas les interesa su buen funcionamiento y es probable que esta haya sido una de las inquietudes planteadas a propósito de la licitación y a la que se está buscando dar mejor respuesta.

En cualquier caso, es importante que el proceso en marcha no sufra nuevos retrasos, porque si bien se comprende el deseo de no repetir el desastre que fue el comienzo del Transantiago hace más de una década, el tiempo también es importante en el mundo real. La búsqueda de la perfección no puede mantener a los usuarios en un estado de permanente espera por un sistema que se promete mejor, pero que no llega. Los santiaguinos requieren un mejor servicio con prontitud.