TOMÁS VERGARA P.

Al cierre de la jornada de ayer, la minera estatal Codelco presentó una querella en contra de quienes resulten responsables del delito de estafa, asociado a la gestión de los seguros de vida y accidentes personales de los trabajadores de la división Chuquicamata y Radomiro Tomic.

Se trata de una larga disputa que arrastra la empresa y los representantes de estos sindicatos, que escaló durante la última negociación colectiva de 2019, cuando una de las condiciones que puso la estatal era retomar la administración de estos beneficios, que fue lo que finalmente ocurrió.

Según se detalla en el documento al que tuvo acceso “El Mercurio”, las irregularidades están relacionadas con la detección de sobreprecios “injustificados y fraudulentos” que habrían pagado los trabajadores y Codelco, ya que el financiamiento de las pólizas era compartido en partes iguales. Los sindicatos vinculados en la querella son el 1, 2 y 3 de la división Chuquicamata y de la división Radomiro Tomic.

Los mencionados sobreprecios, según un estudio realizado por la gerencia de finanzas de Codelco, eran hasta un 68% superiores a los ofrecidos en el mercado, por lo que el impacto económico conjunto superaría los US$ 20 millones en el período comprendido entre 2007 y 2018.

Uno de los argumentos que esgrimía la estatal durante la negociación colectiva para retomar la gestión de los seguros, era que podrían conseguir ahorros por $900 millones anuales, eximiendo del pago de las primas a los trabajadores.

La polémica empresa Gestión y Servicios

La querella también hace referencia al rol que jugó la aseguradora Chilena Consolidada (miembro de Zurich Insurance Group), que fue la prestadora ininterrumpida de los sindicatos desde 2007.

Además, destaca a la firma Gestión y Servicios (GyS), empresa que operó como intermediaria entre los sindicatos y la aseguradora.

Fue esta última —dice el documento legal— la que hizo todas las evaluaciones técnicas y económicas de los procesos de contratación y renovación de las pólizas de seguro de vida y accidentes personales, mientras que, en paralelo, formó parte de la oferta económica de Chilena Consolidada.

Ante un siniestro GyS prestaba los servicios de asesoría legal y orientación sicológica a los trabajadores, a pesar de que esta última atención es también entregada por Codelco. Por estas acciones GyS habría recibido pagos por US$ 4,43 millones en once años, dice la querella.

En el texto, la minera apunta a que se verificó “falta de independencia, objetividad y razonabilidad del precio en referencia al mercado por parte de la empresa Gestión y Servicios Ltda. y Compañía de Seguros Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.”

Esta apunta a que los sindicatos 2 y 3 habrían recibido pagos de parte de GyS luego de los procesos de contratación o renovación de los seguros, por unos US$ 920 mil y US$ 1,69 millones, respectivamente, entre los años 2007 y 2018.

La fiscalización de Cochilco

Otro de los factores que habría propiciado la estrategia legal de la minera, tiene que ver con una auditoría impulsada por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) en enero de 2019, la que surgió por una denuncia anónima recibida por el ministro de Minería, Baldo Prokurica.

La principal conclusión de esa pesquisa fue que la contratación de las pólizas suscritas por los Sindicatos de Trabajadores 1, 2 y 3 de Chuquicamata y de la división Radomiro Tomic, “no responde al principio de eficiencia en el uso de los recursos del Estado, pudiendo ser cuestionable la transparencia de los procesos y el accionar de los funcionarios que participaron en ellos”.

Fueron tres los puntos subrayados por el fiscalizador, que se enfocaron en el doble rol jugado por GyS, el cobro de servicios adicionales relacionados al entorno familiar del trabajador, y la polémica entrega del servicio de asesoría legal y sicológica, mediante los cuales se habría aumentado el valor de las primas cobradas. De todos modos se espera que se puedan conocer nuevos antecedentes del caso las próximas semanas, ya que la minera estatal solicitó que los documentos presentados juntos a la querella fueran remitidos al Ministerio Público, “para que inicie una investigación al efecto, formalice y acuse a todos los responsables del referido ilícito”.

Entre estas diligencias, la cuprífera pidió llamar a declarar a ejecutivos de Chilena Consolidada, los dueños de GyS, y a 50 dirigentes y ex dirigentes de los sindicatos de trabajadores 1, 2 y 3 de Chuquicamata y ex dirigentes del sindicato de trabajadores de Radomiro Tomic, de modo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

Consultada Chilena Consolidada señalaron que no realizarán comentarios hasta conocer la querella.



Dirigentes cumplen 5 días en huelga

Parte de las directivas de los sindicatos 1, 2 y 3 de la división Chuquicamata completan hoy cinco días en huelga de hambre, en una manifestación que se desarrolla en las dependencias de la minera en Calama.

Los reclamos de los dirigentes apuntan a la falta de diálogo por parte de la administración de la división Chuquicamata, en medio de la transformación que atraviesa el histórico yacimiento, y durante los últimos días han contado con el apoyo de la Federación de Trabajadores del Cobre.

Sin embargo, en un comunicado interno distribuido por la estatal, se aclaró que desde agosto del año pasado, tras el cierre de la negociación colectiva, se han desarrollado 86 reuniones, entre las que además de la transformación, se han abordado temas relacionados a la concentradora, fundición, y mantención, entre otros.