Entramos a un proceso constituyente derivado de la explosión social que partió el 18 de octubre. En general, los procesos constituyentes son expresiones de cambios en la correlación de fuerzas políticas y en la distribución del poder político, económico, social y cultural. La historia de Chile nos da buenos ejemplos.

La Constitución de 1833, radicalmente conservadora, autoritaria e integrista en lo cultural, fue la respuesta a la Constitución liberal de 1828. El conflicto aquel se zanjó en una guerra civil en 1829-1830. Durante las próximas tres décadas, la hegemonía conservadora y autoritaria se desplegó sin mayores dificultades, no obstante que tuvo que resistir impulsos revolucionarios liberales como las guerras civiles de 1851 y 1859, así como la irrupción de la sociedad de la igualdad, que fue aplastada por el régimen en 1850.

La base económica de esa correlación de fuerzas fue la aristocracia propietaria de la tierra, el Ejército y la Iglesia Católica. En la segunda mitad del siglo XIX, la correlación de fuerzas se alteró parcialmente y emergió la ideología liberal que modificó parcial y sucesivamente la Constitución originaria sobre la base del surgimiento de los partidos laicos como el liberal, el radical y el demócrata.

En este escenario también influyó la emergencia y consolidación de las burguesías minera, comercial, financiera e industrial. La guerra civil de 1981 fue la disputa al interior de la oligarquía por el control del poder político y la renta salitrera. El resultado de ese conflicto dio origen a la república parlamentaria y oligárquica que perduró hasta septiembre de 1924 y en la cual feneció la Constitución originaria de 1833.

La Constitución de 1925 expresó otra correlación de fuerzas con la incorporación creciente de las capas medias y del mundo proletario organizado que se expresó en el fortalecimiento del Partido Radical, el surgimiento del Partido Comunista y en 1933 la aparición del Partido Socialista. La Constitución de 1925 implicó la muerte de la República Oligarca y el nacimiento de la República Mesocrática y/o del Estado de Compromiso que perduró hasta el 11 de septiembre de 1973.

La Constitución de 1980 originaria expresó la correlación de fuerzas producida por la derrota de la izquierda y el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Durante 17 años, la hegemonía de los neoliberales de Chicago más los gremialistas de Guzmán amparados en la fuerza militar fue irreductible. Con la derrota de Pinochet en 1988 hubo una modificación parcial de la correlación de fuerzas, lo que motivo las reformas de 1989. A partir de 1990, con el retorno democrático, la correlación de fuerzas favorables a la plenitud democrática en contra de la derecha logró avances significativos en las reformas del 2005 y del 2015.

Con la movilización social que partió el 18 de octubre, la correlación de fuerzas nuevamente se ha modificado y el debate sobre el proceso constituyente, la agenda social y un nuevo pacto social y tributario significará, si se hace bien y respondiendo a la mayoría ciudadana, la extinción de la República Neoliberal y su principio de subsidiariedad y el nacimiento de una República Social de derechos que implica el nuevo pacto social y la sustentabilidad financiera de dicho acuerdo a través de un nuevo pacto tributario a partir de 2020. La paradoja es que donde nació el neoliberalismo extremo, mezcla de Chicago y gremialismo, 46 años después tendrá su certificado de defunción abriendo paso a una sociedad más justa, más libertaria y profundamente democrática. De la mayoría política, social y cultural depende este futuro esperanzador.