En Chile la institucionalidad se respeta, ¿cierto? ¿Está seguro? ¿Respuesta definitiva? En términos generales, diríamos que sí. Chile es un país serio, cuyas autoridades, instituciones y personas actúan, generalmente, apegadas al marco jurídico vigente; en el que funcionan razonablemente bien la división entre los poderes del Estado y los pesos y contrapesos institucionales para proteger la democracia y el Estado de Derecho.

Pero cuidado. Que ello sea así en un sentido amplio no quiere decir que no debamos prestar atención a aquello que socava el buen comportamiento institucional. Las últimas semanas son ricas en ejemplos. En represalia a las inmoderadas declaraciones de la vocera de gobierno, el Partido Socialista (PS) no halló nada mejor que “tomarse” el Congreso, bloqueando la entrada de subsecretarios y asesores de gobierno a las comisiones e impidiendo la legítima discusión de proyectos de ley y otras materias en las comisiones. El PS determinó el bloqueo y el resto de la oposición, cómplice, acató.

Aun cuando no nos parezca el tono que utilizó la ministra vocera, aceptar que la oposición en bloque se amotine en el Congreso y lo use como trinchera es claudicar a los valores democráticos y validar una arremetida a la institucionalidad.

La Constitución y las leyes asignan una función muy diversa al Parlamento, esencial en la democracia. Por lo demás, año a año, los propios presidentes de las cámaras nos lo recuerdan en sus cuentas públicas. En los discursos del año pasado, Fernández y Montes, ambos de oposición, aludieron al Congreso como un símbolo de pluralidad política y de diversidad social del país, a su vocación de representación ciudadana y a su calidad de actor muy relevante en materia legislativa. Vaya manera que tiene la oposición de honrar esos dichos, aceptando que uno de sus partidos ponga la música sobre lo que está permitido hacer y no hacer en el Congreso. A mediados de la semana se nos informaba que el PS analizaría si se continuaba o no con el bloqueo. Luego supimos que el PS había resuelto mantenerlo por esta semana. ¡Para no creerlo! El PS propone y dispone sobre el funcionamiento del Congreso. ¿Dónde están las autoridades del Parlamento para hacer ver que el Congreso no es la sede del Partido Socialista? Algunos dirán “así es la política”. Bueno yo pienso que así es la mala política, que le va rayando la pintura al respeto que debemos cuidar por la Constitución y las leyes.

Luego está la iniciativa de las diputadas Vallejo y Cariola que reduce la jornada laboral. Comenzando el año 2017, la mesa de la Cámara, presidida por un diputado de la Nueva Mayoría, declaró inadmisible el proyecto —con fiel apego a la Constitución— por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de República. Sin embargo, la cuestión de admisibilidad se sometió a votación en la sala de la Cámara, la que determinó, por mayoría, que sí lo era, derivando su conocimiento a la comisión de Trabajo.

Y es que, por increíble que parezca, la ley y el reglamento disponen este procedimiento, por lo que hoy las mayorías circunstanciales en el Congreso deciden qué es admisible y qué no, incluso a costa del texto constitucional expreso. Votar la admisibilidad es una cuestión que no resiste análisis y debiera formar parte de las materias que se reformarían del procedimiento legislativo y funcionamiento del Congreso.

En fin, sorteada la primera valla, había que lidiar con los proyectos con urgencia en la instancia, cuyo conocimiento es prioritario, de acuerdo a la legislación. La presidenta de la comisión, utilizando normas reglamentarias que interpretó aisladamente y sin el debido respeto y consideración a las restantes disposiciones del reglamento y de la ley para que hagan sentido, citó a una sesión extraordinaria para votar el proyecto de las 40 horas, aun estando pendiente el conocimiento y votación de los proyectos con urgencia. Puesta en entredicho, Gael Yeomans tuvo que poner en “discusión” en tal sesión los proyectos con urgencia, pero en menos que canta un gallo y contraviniendo los plazos legales establecidos para las urgencias, determinó que estas habían vencido y despachó tales iniciativas a la instancia siguiente, sin votación y sin informe de la comisión técnica llamada a conocer de materias tan relevantes como la reforma a la Dirección del Trabajo, despejando así el camino a la reducción de jornada. Vaya manera de legislar y de honrar las normas legales y constitucionales que ellos mismos juraron respetar.