DIERK GOTSCHLICH

A fines de 2018 se confirmó que el número de personas que viven en campamentos en Chile no solo no estaba disminuyendo, sino que seguía aumentando, y de forma explosiva en la zona norte del país.

El catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que no había sido actualizado desde 2011, reflejó que a octubre del año pasado había 46.423 hogares (que pueden albergar más de una familia) en 822 asentamientos. Siete años antes, en cambio, eran 27.378, en 657.

Pero esa fue solo la primera parte de la medición. La cartera realizó una segunda etapa del análisis durante el primer semestre de este año, la que consistió en una encuesta puerta a puerta y entrevistas a los jefes de hogar en los distintos asentamientos precarios del país.

Los resultados arrojaron que a la fecha hay 47.050 hogares en 802 campamentos en Chile —20 menos que los identificados el año pasado—, en los que viven, al menos, 100 mil personas.

“Lo que estamos haciendo es visibilizar esto. No puede ser que las familias que viven en campamentos sean parte del paisaje y no nos den un sentido de urgencia”, dice el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg.

Desde otro país

Entre los datos recopilados está que cada año llegan más personas a vivir a estos asentamientos precarios. De hecho, cuatro mil familias declararon haber llegado el año pasado a vivir a uno, sobre todo en las regiones del norte del país. Sin ir más lejos, los campamentos más numerosos están en Tarapacá y Antofagasta.

Entre sus pobladores, el 27% es extranjero, cifra que supera el 1,2% de población migrante que identificó el catastro de 2011.

Monckeberg plantea que “muchos migrantes están llegando a Chile y no les estamos dando una buena alternativa y deciden irse a una vivienda precaria”.

En la Región de Antofagasta, de hecho, los extranjeros representan el 60% de quienes viven en esta condición. Y aunque en 2011 la mayoría eran peruanos, hoy las que lideran en número son familias de Bolivia y Colombia.

Esto se traduce, además, en que aunque se les quisiera dar una solución habitacional a esas familias, hoy no son elegibles para poder optar a una.

Sebastián Bowen, director ejecutivo de Fundación Techo, agrega que han “podido ver en terreno cómo ha cambiado el perfil de las familias que están llegando a campamentos. Lo que hemos notado es que reflejan un nivel severo de vulnerabilidad, y eso está correlacionado con la población migrante que está llegando al país”.

Mientras varios de los asentamientos están siendo intervenidos y se está buscando una solución habitacional para las familias, las cifras admiten matices.

Esto, porque de los 822 iniciales, se descubrió que 18 no poseen los ocho hogares necesarios para ser considerados “campamento”, y otros 17 tampoco cumplen con los criterios. Son tomas o loteos irregulares que sí cuentan con todos los servicios básicos, o bien son hogares con mucha dispersión territorial. Un campamento, en cambio, se caracteriza por la agrupación de las viviendas.

Pero a esos 787 se sumaron otros 15 que no fueron detectados en la primera etapa del catastro, y eso entregó la cifra.

Durante la medición también hubo seis asentamientos a los que los encuestadores no pudieron entrar, porque los pobladores se negaron a participar: tres en Arica y en las regiones Metropolitana, Valparaíso y La Araucanía.

Además, en 4.306 viviendas no se tuvo claridad sobre la cantidad de ocupantes que viven en ellas, por lo que podrían albergar a varias familias. No había moradores cuando se hizo la visita a terreno; o bien, tampoco quisieron responder la encuesta. Estos últimos fueron cerca de 1.000.

En total se abarcó el 82% de las viviendas detectadas, por lo que Monckeberg asegura que insistirán en llegar a todas las personas: “Vamos a seguir insistiendo en catastrar a todas las familias; pero para buscar soluciones, porque catastrar para informar no sirve de mucho”.