Desde el derecho constitucional se suele afirmar que estamos en una época en que los derechos fundamentales han irradiado a todas las demás ramas de la disciplina. Es la sociedad de los derechos, afirman. La simple observación de la realidad pareciera darles la razón, porque el enorme número de recursos de protección que diariamente ingresan a las diversas Cortes de Apelaciones es impresionante. Solo aquellos dirigidos contra las isapres son multitud.

Todo eso demuestra que el constituyente de 1980 tuvo un gran acierto al establecer un medio idóneo para defender las garantías constitucionales. Un logro más de la Constitución del Presidente Pinochet.

En paralelo, no es de menor importancia el haber consagrado una judicatura especializada, el Tribunal Constitucional, que aunque creado en 1970 y entonces incorporado a la Carta de 1925, recibió un diseño y una finalidad muy distintos en la Constitución de 1980, lo que se acentuó con la reforma de 2005. Su función esencial consiste en que los poderes públicos se sometan en sus actuaciones a los principios y normas que consagra la Constitución. Además, un cambio radical, en favor de los ciudadanos, fue el traslado de competencia de la inaplicabilidad desde la Corte Suprema hacia el Tribunal Constitucional.

La enorme cantidad y diversidad de casos que le toca conocer a esta judicatura ha convertido al TC en una institución indispensable para el país. Ya Jaime Guzmán, con su genial visión, anticipaba su importancia en la nueva democracia, al señalar que el Tribunal Constitucional “es un organismo tan trascendental que deberá ser el gran poder de seguridad ordinario de la Constitución, el que tendrá que garantizar que la Carta Fundamental se cumpla y no sea transgredida en sus bases esenciales”.

La actual oposición ha criticado ácidamente a esta institución, y desde hace años viene reiteradamente abogando por su reforma, sin reparar en que esta judicatura especializada tiene gran acogida en la ciudadanía, cuando busca defender sus garantías constitucionales. Lo que a las izquierdas les interesa en estas materias, como se ha comprobado ya tantas veces, no guarda relación alguna con las necesidades diarias de los ciudadanos.

Al asumir la presidencia del Tribunal Constitucional una jurista formada en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, diversas son las tareas que deberá acometer. Desde luego, deberá procurar un fortalecimiento en la organización interna del tribunal, desarrollando mecanismos que demuestren eficiencia y mayor celeridad en la tramitación de los procesos que esta magistratura conoce y juzga.

Pero lo más importante será el desafío de mejorar la coordinación con los demás poderes públicos, para afianzar el Estado de Derecho y la efectiva preponderancia del principio de supremacía constitucional. Es deseable que la nueva presidencia tenga el mayor de los éxitos, dada la trascendencia que el Tribunal Constitucional tiene para el país, para sus ciudadanos de a pie. Por eso, más necesario que un conjunto de reformas —que no es conveniente descartar de plano—, es decisivo que el Tribunal Constitucional inicie una nueva etapa, la que debe tener como objetivo principal cumplir sus funciones con la calidad y responsabilidad que el país requiere, en momentos en que toda la institucionalidad es cuestionada.

Si bajo esta nueva presidencia se cumplen esas metas, se habrá garantizado la estabilidad y eficacia de una institución decisiva en el armado constitucional. Y, de paso, se habrá demostrado una vez más cuán ideologizadas suelen ser en estas materias las aspiraciones de la actual oposición.