La llamada Ley Lafkenche fue promulgada en 2008 y desde entonces ha sido objeto de controversia. Su objetivo es crear zonas de borde costero protegidas, en que se puedan preservar las prácticas consuetudinarias de las comunidades indígenas vinculadas con esos territorios. Para ello establece un procedimiento, mediante el cual la respectiva comunidad puede solicitar la administración de un determinado segmento de borde costero; si la petición es acogida, se establece un convenio de uso por tiempo indefinido entre la organización y el Estado. Si bien en un principio las solicitudes que se presentaban eran relativamente acotadas, a partir de 2016 se produjo un crecimiento sustantivo de ellas. En efecto, de los tres millones de hectáreas que han sido objeto de peticiones, unos 2,5 millones se solicitaron en los últimos años. El punto es complejo, pues mientras se tramita la respectiva solicitud, todas las peticiones de concesiones para acuicultura o para cualquier otro desarrollo se ven paralizadas. Producto de ello, en extensas áreas de territorio costero, particularmente en la zona entre Los Lagos y Magallanes, no pueden hoy llevarse a cabo proyectos, a la espera de que se resuelvan las presentaciones. Tal situación pone en evidencia una serie de dificultades en el modo en el que está operando la normativa.

Desde luego, según la ley, el área del respectivo espacio costero protegido está determinada por la “superficie que se requiere para asegurar el ejercicio de uso consuetudinario realizado en él” (art. 4°). Pero tal disposición parece contradictoria con el hecho de que hoy se esté solicitando la asignación de millones de hectáreas en zonas como Aysén y Magallanes. En efecto, esta normativa tuvo su origen en planteamientos de comunidades mapuches lafkenches de las regiones de Biobío, Los Ríos y Los Lagos que demandaban la preservación de sus formas ancestrales de vida. Frente a ello, y aunque el texto considera a todas las comunidades indígenas y no solo a las vinculadas con la identidad lafkenche, llama la atención la extensión de las solicitudes que hoy se están formulando en territorios como los ubicados en las regiones más australes del país, cuyo número de habitantes indígenas —y de población en general— es y ha sido históricamente reducido. Ello plantea dudas en cuanto a que al menos una parte de estas peticiones pudiera estar apartándose del sentido de la ley, cual es permitir la preservación de actividades realizadas consuetudinariamente por pueblos originarios. Si se considera, por ejemplo, el hecho de que los canales de la zona de Aysén casi no tienen pobladores —y los que hay corresponden mayoritariamente a descendientes de colonos—, no parece claro que hoy se estén realizando en muchos de ellos actividades inmemoriales como las que la ley busca proteger. En cambio, se abre la interrogante de hasta qué punto ella pueda estar siendo utilizada en ciertos casos para objetivos especulativos o simplemente para frenar el desarrollo productivo en áreas que algunas visiones conservacionistas postulan mantener intocadas.

Clave en las dificultades que plantea la Ley Lafkenche ha sido la demora de sus procedimientos, los cuales —como mostró un reportaje de este diario— pueden extenderse hasta por casi seis años. Ello, pese a que el reglamento de la iniciativa fijó plazos específicos, los que no se cumplen. Consecuencia de esto es la paralización de todo desarrollo —incluida la inversión pública, por ejemplo, en caletas o en acciones de mejoramiento— en extensos sectores del borde costero, sin perspectivas de pronta resolución.

Este no buscado resultado parece obedecer a problemas en la forma en que se concibió la normativa. Persiguiendo un objetivo loable, no se consideró el riesgo de abusos ni se incluyeron disposiciones que pudieran evitarlos, como, por ejemplo, imponer límites y mayores exigencias a la presentación de solicitudes. Así, un diseño que —a la luz de lo que hoy se observa— parece algo ingenuo está provocando en distintas áreas costeras un daño real, aun cuando a la larga las peticiones sin fundamento puedan ser rechazadas por la autoridad.