En una semana típica, un trabajador dependiente en la OCDE, contratado por una jornada completa, dedica 40,3 horas a la semana a su empleo. En las últimas dos décadas, este promedio ha caído en la mayoría de los países de la organización. Las reducciones más importantes han ocurrido en Chile, Eslovaquia y el Reino Unido, con una caída de unas dos horas de trabajo habitual a la semana.

La media de horas trabajadas en una jornada completa varía entre las 37 horas a la semana en Dinamarca y algo más de 48 en México. En Chile el promedio es cercano a 46. Estas diferencias reflejan diversidad en las leyes sobre jornadas ordinarias y extraordinarias, y en el espacio de negociación entre trabajadores y empleadores respecto de esta temática.

¿Qué sucede con la productividad, salarios y empleo cuando en una economía se reduce por ley la jornada laboral? La respuesta depende de qué hay detrás de la cantidad de horas de trabajo en la situación inicial.

Por un lado, es posible que la economía esté en un equilibrio de trabajo excesivo. Este sería el caso si, por ejemplo, los trabajadores prefieren trabajar menos horas que las actuales, pero al mismo tiempo quieren ser vistos como trabajadores comprometidos para mejorar sus oportunidades de desarrollo. Ello lleva a todos a permanecer más horas en el empleo, en una competencia por quién se ve mejor ante el empleador.

En este caso, una reducción legal de las horas elevaría el bienestar de los trabajadores, sin efectos negativos sobre la productividad. Sin embargo, también puede ser que el cambio restrinja las oportunidades de los trabajadores y sus empleadores, con los consecuentes efectos negativos sobre empleo, salarios y productividad.

Los estudios empíricos muestran efectos diversos de estos cambios legales. En Francia (1982) y Alemania (1985) se redujo el empleo entre los trabajadores afectados, mientras que en Brasil (1988) y en la provincia de Quebec en Canadá (1997) no hubo un impacto aparente en la ocupación.

Más recientemente, la rebaja en la jornada en Francia decretada a inicios de los 2000 no parece haber tenido efectos en el empleo agregado. Sin embargo, de acuerdo a la literatura, un grupo relevante de trabajadores tomó un segundo empleo, mientras que otros fueron reemplazados por trabajadores desempleados a quienes se les pagó un salario menor.

Así, reducir la jornada legal tiene efectos inciertos: puede elevar el bienestar de los trabajadores, pero también puede reducirlo, limitando sus oportunidades de empleo y los salarios. Por ello, una propuesta en este sentido, como la de rebajar la jornada ordinaria de 45 a 40 horas a la semana que está en discusión en el Congreso, debe diseñarse de forma particularmente cuidadosa.

Un camino razonable es combinar la rebaja de la jornada con nuevas opciones para elevar la productividad. La jornada de 180 horas al mes propuesta al Congreso por el Ejecutivo es una opción interesante. Por una parte, conlleva una reducción de las horas trabajadas: como el mes tiene más de cuatro semanas, 180 horas mensuales es una jornada más corta que 45 horas semanales.

Por la otra, permite organizar la jornada de manera más dinámica, haciéndose cargo de algunas de las naturales diferencias en las necesidades de trabajadores y empresas en los distintos sectores productivos, temporadas del año y momentos del ciclo económico.

Bajo esta modalidad, trabajadores y empleadores podrían, individualmente, pactar jornadas mensuales sobre la base de las mismas horas y días continuos que en la jornada actual de 45 horas a la semana. El empleador tendría así la opción de responder a pedidos extraordinarios de producción que la rígida jornada actual a veces impide tomar, elevando la productividad. El trabajador trabajaría menos horas: el equivalente a unas 41,5 horas a la semana.

Una de las críticas a esta idea es que serán los empleadores quienes escojan los horarios; a los trabajadores no les quedará más que aceptar.

Es muy cierto que trabajadores y empleadores no tienen el mismo poder de negociación. Pero es la regulación la que resguarda que no se produzcan abusos. La nueva jornada está diseñada sobre la base de los mismos máximos de horas y días de trabajo continuo, y los mismos días de descanso, feriados y vacaciones. Si la protección actual parece adecuada, entonces la que ofrece las 180 horas mensuales también lo debiera.

Pocas veces nos vemos enfrentados a la posibilidad de cambios en la regulación laboral que puedan favorecer a trabajadores y empleadores a la vez. La jornada de 180 horas mensuales es una de ella, pues combina adecuadamente la reducción de jornada que proponen unos, con la posibilidad de ajustarse ante el ciclo económico que demandan otros, resguardando la calidad de vida de los trabajadores. Es una oportunidad que el Congreso debe seriamente considerar.