Señor Director:

Sin entrar a los méritos que existan o no para la reciente declaratoria de sitios de memoria en Neltume, asociados a nuestro pasado reciente y vinculados al MIR, creo importante señalar que la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se equivoca profundamente en las razones esgrimidas para justificar la suscripción del decreto de declaratoria en cuestión. Señala la ministra que esa era su obligación, y que de no hacerlo, habría incurrido en un “notable abandono de deberes”. Esas razones son erradas en el fondo y en la forma en lo que se refiere a la legislación de monumentos.

En efecto, el suscribir el decreto de declaratoria de un monumento en cualquier categoría es una prerrogativa exclusiva y excluyente del o la ministra, en su tiempo del Ministerio de Educación y ahora de esa cartera de Estado.

Múltiples casos así lo avalan a lo largo de los años, y sin ir más lejos, si ella tiene esa opinión, sería deseable que dado que desde hace casi nueve años descansa en el gabinete del Ministerio de Educación el decreto de declaratoria de la Casa Espínola Pereira, actual sede de la CUT, podría ella ahora proceder a la suscripción de ese acto sin más dilación. Este edificio es una de las pocas casas señoriales de la Alameda Bernardo O'Higgins que aún resisten en pie y, evidentemente, su ubicación —casi frente al Palacio de la Moneda— la hace de un valor aún más incalculable.

Dicho lo anterior, el hecho de que la ministra estime que es su obligación firmar lo que el Consejo de Monumentos apruebe transforma a esa cartera de Estado en una especie de buzón tramitador, abandonando así sus deberes de evaluar la corrección de los acuerdos que se adoptan por ese órgano colegiado, los que no siempre han sido razonados o razonables.

Óscar Acuña Poblete
Abogado