Con una destacada inserción publicada en 18 diarios del país, el 14 de julio pasado, un grupo de gremios empresariales hizo presente su posición frente a la reforma en trámite del Código de Aguas, bajo el título de “Reforma al Código de Aguas amenaza Certeza Jurídica y Bienestar Social de las personas”. Dicha acción pagada en los medios desató intensas críticas de un amplio grupo de parlamentarios de oposición, quienes no dudaron en calificarla como una “campaña del terror” o incluso como “un lobby feroz”. Sin perjuicio de la idoneidad de estas publicaciones para ser merecedoras de las imputaciones que se les formulan, conviene detenerse en esta práctica para tratar de hacer un diagnóstico de su supervivencia y real utilidad.

La verdad es que hay inserciones del más variado tipo, que se acrecientan, normalmente, en períodos de complejas discusiones legislativas o incluso en cercanía de decisivas decisiones jurisdiccionales. Hay algunas inserciones que pretenden avisar a los jueces del peso jurídico de diversos informantes, como sucedió de manera inédita el año 2012, cuando Anglo American expuso en los diarios los nombres de prestigiosos abogados que concurrieron a avalar en sendos Informes en Derecho la tesis de su mandante frente al conflicto que mantenía con Codelco respecto de la propiedad de la mina Disputada de Las Condes. Otras se han dirigido al ministro en las cercanías de una compleja discusión de la reforma tributaria, donde se advertía que “El Ministro de Hacienda debe escuchar”.

La discusión de la ley que consagraría el derecho al aborto, en las causales finalmente establecidas, fue también un período numeroso en inserciones. En ocasiones, bajo la firma de obispos de la Iglesia Católica que insertaron un documento denominado “El derecho humano a una vida digna para todos” y, en otras, dirigidas directamente a un grupo preciso de parlamentarios: “Aborto en Chile: la DC tiene la llave” (marzo de 2016). Pero también las hubo en su apoyo: “Aborto: respeto a la dignidad y a la decisión de las mujeres”.

Las universidades estatales también han acudido a este método, así la U. de Chile publicó “Por el fortalecimiento de las Universidades estatales” (2018) y el CRUCh hizo una “Declaración Pública respecto del traspaso de Conicyt al Ministerio de Economía” (2012).

Otro gremio, la Sociedad Nacional de Agricultura, dejaba testimonio de su posición “ante la celebración de la Reforma Agraria (50 años)”, mientras otros actores celebraban como un reconocimiento a la gesta de su celebración en otro medio periodístico.

Hay empresarios que reclaman por actuaciones que reprochan de alcaldes, que también han sido recogidas en páginas de diarios, como sucede respecto al conflicto en que un grupo inmobiliario reprocha el actuar de un alcalde a quien le imputan “persecución y difamación” –como reza el título del inserto (2019) y que meses antes, por la misma vía señalaban que “Corte de Apelaciones obliga al alcalde Jadue a recepcionar edificios”. También los médicos han acudido a este método, algunos reprochando el aborto, otros como los de la sociedad de oncología médica y, a veces, en apoyo de un profesional del área, como sucedió en el Hospital San José. Y también en defensa de la especialidad oftalmológica, como acontece con aquel publicado por la Fundación Oftalmológica del Salvador.

Hay insertos de página, de media página e incluso en la modalidad de clasificados, como aconteció frente al plebiscito del NO, y que implicó numerosos y pequeños avisos suscritos por Dámaso García, consignando breves razones por las que había que votar por el NO. En la vereda totalmente opuesta, conviene retener que cada cierto tiempo algunas corporaciones de personal de la Defensa en retiro arbitran en estas páginas y bajo este medio, el reclamo de injusticia y sentir de persecución por encontrarse encarcelados por delitos referentes a agravios a los derechos humanos.

Hace un tiempo –el año 2014- y frente a la inserción “1973: Allende gobierna fuera de la Constitución y las Leyes y la Cámara de Diputados llama a una intervención militar” que fue publicada en varios diarios nacionales y que contenía el acuerdo que la Cámara de Diputados aprobó el año 1973 en rechazo al gobierno de la Unidad Popular, la presidenta del Colegio de Periodistas –de esa época– reprochó y cuestionó que este diario hubiese, siquiera, publicado este inserto. Ello originó un acalorado debate con un conocido columnista de este diario quien afirmó que “Para analizar el problema sugiero distinguir entre el contenido del discurso, por una parte, y el hecho de expresarlo, por la otra. En una sociedad democrática, todos los ciudadanos tienen derecho a criticar el contenido de los discursos que emiten los demás, pero ninguno tiene derecho a impedir que ese discurso pueda darse a conocer. ¿Será necesario insistir que en eso consiste la libertad de expresión? Es el derecho a proferir discursos y los medios a hacerlos públicos sin que exista ningún control ex ante de su contenido”.

Y es que, desde esa discusión, parece que seguimos aterrándonos cuando aparecen insertos que no nos gustan, y quizás nos gustaría que ni siquiera se pudiesen publicar. Olvidamos que las personas jurídicas (sociedades o corporaciones, como los gremios) y, desde luego, las personas naturales, tienen el derecho a la libertad de expresión. Que dicha expresión, de forma pública, es obviamente distinta al lobby y que los únicos que deben restringirse son los entes estatales, pues el dinero que ellos pueden gastar debe adscribirse al fin legal de su presupuesto y no a la opinión de sus directivos transitorios.