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Editorial
Miércoles 12 de junio de 2019
Educación superior y nuevo currículum
El desarrollo de nuevas pruebas y un fuerte liderazgo de las autoridades educacionales podrían generar un círculo virtuoso.
El sistema de admisiones a las universidades chilenas está sufriendo transformaciones institucionales. Dejará de depender del Consejo de Rectores y su dirección estará en manos de la Subsecretaría de Educación Superior, aunque no se encuentra contemplado que esta tenga la capacidad técnica para gestionar dicho sistema. Las pruebas seguirán siendo diseñadas y aplicadas por el Demre, organismo dependiente de la Universidad de Chile, por un tiempo prolongado. Eventualmente, la Subsecretaría podría licitar la aplicación del sistema de acceso. Sin embargo, no es evidente cómo operará, en la práctica, la institucionalidad.
Hay que recordar que la ley contempla que la Subsecretaría administre el nuevo sistema, pero que opere por medio de dos comités de acceso: uno para el subsistema universitario y el segundo para el subsistema técnico-profesional. Ambos estarían integrados solo por rectores, agregándose el subsecretario o quien este designe. Es claramente un diseño inapropiado, toda vez que carece de un cuerpo colegiado en el que participen expertos y un conjunto más amplio de personas del sistema educacional.
Afortunadamente, en los últimos años se ha ido fortaleciendo el Demre y ese hecho representa una posibilidad para perfeccionar el sistema de acceso a las universidades, superando las deficiencias actuales. Estas han sido resultado de que el responsable del sistema de admisiones ha sido el Consejo de Rectores, el que no ha introducido los cambios que han sido recomendados por sucesivos informes de especialistas. La falta de una institucionalidad apropiada ha afectado la innovación y la evolución del sistema. Es en ese sentido que el cambio que contempla la Ley de Educación Superior representa una oportunidad para un mejoramiento profundo. Con todo, la nueva institucionalidad, tal como se advertía, es inadecuada. Se requiere, entonces, un fuerte liderazgo del Ministerio de Educación para cambiar el estado de las cosas. Sin embargo, este aún no se aprecia.
El cambio en el currículum hace aún más necesario avanzar en un rediseño de las pruebas y, más ampliamente, de los instrumentos utilizados para seleccionar a los postulantes a las instituciones de educación superior. El desarrollo experimental de nuevas pruebas, en las que ha estado trabajando el Demre, y un fuerte liderazgo de las autoridades educacionales podrían generar un círculo virtuoso para el desarrollo del nuevo sistema de acceso. La institución de medición, por ejemplo, ha desarrollado pruebas de competencias lectora, matemática y científica, que miden habilidades fundamentales y descansan en los contenidos curriculares centrales. Al disminuir contenidos, se les da más espacio a colegios y liceos para desarrollar sus proyectos educativos, y al orientarse más hacia habilidades, impiden la tendencia actual a las respuestas hechas más que al desarrollo de reflexión crítica y creativa. Los resultados iniciales experimentales son auspiciosos. Las pruebas resultan confiables y, además, reducirían brechas socioeconómicas, pero aún debe testearse más extensamente su validez.
Junto con un desarrollo más acabado de estas pruebas, es necesario también un análisis más extenso de otros instrumentos que enriquezcan el sistema de admisión y que sean simultáneamente deferentes con la educación secundaria y los objetivos de aprendizaje del currículum nacional. Para este desarrollo puede ser valioso que el Ministerio de Educación apoye más decididamente estos estudios, por medio, por ejemplo, de un convenio de desempeño con el Demre que permita el desarrollo de un sistema de admisión de última generación. Para asegurar el buen uso de los recursos, podría acordarse un comité de expertos que supervise el proceso y recomiende, contra evaluación, el traspaso de recursos para cada una de las etapas contempladas. La propiedad intelectual de ese desarrollo debería quedar alojada en la Subsecretaría de Educación Superior, a la que la ley contempla como responsable del nuevo sistema de acceso.