Hasta hace unos días, Sebastián Piñera siempre citaba dos factores para justificar por qué cree que el gobierno de Nicolás Maduro tiene los días contados. En primer lugar, mencionaba la voluntad del pueblo venezolano de recuperar su democracia y, en segundo término, que los demócratas del mundo están dispuestos a usar cualquier medio pacífico para que, de la mano de Juan Guaidó, recuperen su libertad. En los últimos días ha añadido un tercer factor: la crisis política, económica y humanitaria no dejará de empeorar con Maduro.

También el canciller Ampuero ha citado el agravamiento de la crisis como un elemento nuevo. En las próximas semanas, diversos organismos podrían ofrecer nuevos datos sobre la situación.

Pero, ¿en qué momento esos tres factores producirán el resultado deseado? Aquí es donde el voluntarismo de la posición de Piñera queda de manifiesto. Para esa pregunta, el Presidente no tiene respuesta. Nadie la tiene. Es más, ni siquiera se puede asegurar que esos tres factores generen un cambio en un plazo determinado que permita aspirar a una democracia. Podría darse un cambio de líderes que perpetúe el modelo chavista y entonces se abriría un nuevo escenario de apoyos y rechazos internacionales.

Ayer, el Grupo de Lima dio un salto cualitativo en su estrategia de presión sobre Maduro. Por un lado, sus miembros reprocharon sin ambages a China, Cuba, Rusia y Turquía que su apoyo al régimen está teniendo “un impacto negativo” en la región. Esta exhortación obliga a esos cuatro países a redefinir sus apoyos a Maduro, brindando una ocasión única para confirmarlos o matizarlos. Cada reacción será escrutada con minuciosidad.

Por otro lado, con la excusa de converger con el Grupo de Contacto Internacional (GCI), que forman la Unión Europea con Uruguay, Ecuador, Bolivia y Costa Rica, se consigue aumentar la presión sobre este conglomerado. El GCI, establecido el 7 de febrero pasado a instancias de la UE y que no ha logrado atraer a México a su posición, se dio un plazo de 90 días para conseguir una salida pacífica y democrática a la crisis.

Esto significa que su fecha límite es el 8 de mayo y todo indica que el GCI llegará con las manos vacías, no habiendo hecho otra cosa que brindar oxígeno a Maduro, como ya se predijo en enero pasado. Hace unos días, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se quejó de que este grupo “actúa muy lentamente” y “debe avanzar más rápido”.

Resulta significativo que Maduro no jugara a fondo la baza que le ofreció la creación del GCI. Hay muchos rumores sobre negociaciones subterráneas de los jerarcas del régimen para garantizarse un futuro lejos de Venezuela, pero poco ha cuajado. La semana pasada, fue detenido en Madrid el general Hugo Carvajal, quien dirigió durante 12 años la inteligencia y la contrainteligencia del chavismo. La detención, a instancias de EE.UU. por delitos de narcotráfico, ha sido vista como una entrega pactada por el exgeneral, quien tendría un cuantioso patrimonio en el extranjero.

Si fuera una rendición negociada, estaríamos ante un nuevo agujero en los mecanismos sancionadores. Hace unas semanas, EE.UU. anunció que endurecía sus castigos contra la industria petrolera venezolana, pero la letra pequeña de la medida en realidad dejaba impunes a los familiares de los afectados. Mientras exista la esperanza de que las penas pueden evitarse con meras delaciones y sin devolver el patrimonio reunido ilegítimamente, los altos cargos venezolanos seguirán participando en este juego del gato y el ratón que a Maduro le da esperanzas.

El agravamiento de la crisis humanitaria, sin embargo, le permitirá al Presidente Piñera neutralizar las críticas al voluntarismo de su posición. Porque hay un momento en que la voluntad y la moralidad de una posición política ya no se pueden separar.