El Congreso cumple un rol fundamental en la democracia. Por de pronto, juega un papel imprescindible en el proceso de creación de las leyes y es indudable su peso político a la hora de concretar los acuerdos del caso. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, pareciera que una fracción no menor de sus integrantes no ha entendido la importancia institucional del Congreso Nacional y no ha comprendido la responsabilidad que la dignidad de sus cargos les exige.

Sin perjuicio del valioso avance legislativo de algunas iniciativas (tal vez menos polémicas o más convocadoras), sucede que respecto de otros proyectos de ley pareciera haber tierra fértil para que los parlamentarios desplieguen una serie de conductas que, por relevante que sea el punto político que deseen hacer, transgreden el marco jurídico vigente. Entre otras, observamos con alarma cómo se promueven y avanzan mociones o indicaciones que invaden la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, o que contrarían garantías u otras normas constitucionales, en circunstancias de que la labor parlamentaria debe desarrollarse en el marco de un Estado de Derecho, en que la Constitución debe ser respetada. Los ejemplos son siempre útiles para ilustrar el punto. Hace unos días la mayoría de los diputados miembros de la comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara se dieron el lujo de tramitar y aprobar un proyecto de ley que busca anular la actual Ley de Pesca. Sabiendo que la "anulación" de una ley no existe en nuestro ordenamiento jurídico (las leyes se derogan), zanjaron de todas formas la iniciativa, sin medir las consecuencias jurídicas y prácticas que esta actuación, de perseverar, tendría. Otro botón de muestra es lo que ocurre con el proyecto de ley conocido como Fármacos II. En esta iniciativa los diputados de oposición han insistido en presentar y en aprobar indicaciones que imponen, desde el Congreso al Ministerio de Salud, la obligación de establecer directrices para regular los precios de los medicamentos, junto con otras enmiendas que pasan a llevar derechos de propiedad industrial de quienes legítimamente los detentan. Recordemos que los parlamentarios someten a votación las cuestiones de admisibilidad, por lo que terminan por imperar las mayorías de turno, sin importar si el resultado de la votación se apega o no al texto de la Constitución. Y luego, cuando la cuestión es conocida por el Tribunal Constitucional, los primeros en indignarse son justamente quienes infringieron la Constitución en el trámite legislativo.

El caso de los "medidores inteligentes" constituye otra triste anécdota en la tramitación legislativa. Que diversos parlamentarios se declaren sorprendidos e incluso ofendidos por un texto legal que ellos mismos aprobaron, tras una larga discusión, no deja de ser insólito. Es cierto que existen temas técnicos complejos, pero ellos tienen asesores, pueden recurrir a la Biblioteca del Congreso, a centros de pensamiento y a otros expertos disponibles para colaborar. Podemos discutir sobre la necesidad de reforzar la asesoría parlamentaria o si los partidos están llevando a los candidatos más idóneos al parlamento, pero nada de ello justifica el absurdo de desconocer las resultas de proyectos que ellos mismos sancionaron.

Y lo que está ocurriendo con la modernización tributaria es la guinda de la torta. Luego de casi siete "meses legislativos" desde su ingreso al Congreso, aún está "en veremos" si se aprueba o no la idea de legislar, en circunstancias de que la reforma tiene un apoyo mayoritario al simplificar un sistema tremendamente engorroso, dar mayor certeza jurídica y contener instrumentos concretos que impulsan el emprendimiento y la inversión. Permítanme insistir en el punto: ¡Estamos hablando recién de la idea de legislar! ¡Cuánto tomará entonces el debate en particular! Y aunque puede resultar pesimista, el debate en materias de pensiones no se vislumbra muy distinto.

Gran parte de la política se desarrolla en el Congreso. La actividad parlamentaria es de suma relevancia en el marco de una democracia representativa constitucional. Por ello, lo que se espera es que los parlamentarios actúen con respeto al marco jurídico vigente, sin crear más incertidumbres a través de un proceder que no se ajusta al mismo, y con responsabilidad y sentido de oportunidad al analizar los proyectos de ley. El cuidado de las instituciones nos corresponde a todos, y debe partir por casa.