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Editorial
Viernes 15 de febrero de 2019
Valor político del norte chileno
Es importante que las urgencias del momento no afecten ni resten prioridad a las acciones de más largo plazo en esta zona.
Las catástrofes naturales que han afectado a la Región de Arica y Parinacota han puesto a esa zona extrema en el centro de la agenda informativa veraniega. Como se sabe, la principal afectada fue la provincia de Arica, pero los más graves socavones, que han afectado la ruta internacional a Bolivia (conectividad que Chile debe garantizar, según el Tratado de 1904), han tenido lugar en Parinacota. Se trata esta de una provincia enfrentada a problemas que van mucho más allá de la actual emergencia y que demandan una atención especial por parte del resto del país. La pobreza y el despoblamiento aparecen aquí como situaciones críticas, cuyo alcance tiene incluso una dimensión geopolítica, dada su doble frontera con Perú y Bolivia. En ese sentido, es importante que las urgencias del momento no afecten ni resten prioridad a las acciones de más largo plazo para la zona, incluidas en el Plan Parinacota que el Gobierno impulsa dentro de una estrategia más amplia y que involucra inversiones por 4 mil millones de dólares en ocho años para toda la región.
Parinacota no es solo una de las provincias más pobres de Chile (en una de sus comunas, el 42% de los habitantes presenta niveles de pobreza multidimensional), sino que además la falta de oportunidades la ha llevado a perder parte de su población: de acuerdo con el último censo, su número de habitantes es de 3.449 personas, un 25% menos que en 1982, con predominancia de los adultos mayores, pues los jóvenes prefieren emigrar a Arica. Por lo mismo, ha crecido el peso de la inmigración extranjera. De hecho, algunas estimaciones indican que, de no revertirse las actuales tendencias, en diez años más el número de bolivianos en esta provincia podría superar al de los chilenos. A ello se suman problemas hídricos que se acrecientan y que motivaron una reciente carta de comunidades aimaras al Presidente de la República, en la que, junto con pedir ayuda, atribuyen la situación a la acción descuidada de empresas de Perú y Bolivia: "Hemos denunciado esta situación a anteriores gobiernos, pero con frustración comprobamos que no somos lo suficientemente importantes para los intereses del Estado de Chile", señalan esos ciudadanos en su misiva, dejando de paso entrever la sensación de abandono en que se perciben.
Es probable que el plan anunciado sea visto con escepticismo por algunos, atendidas frustradas experiencias de fomento de las zonas extremas del país impulsadas en el pasado. Sin embargo, hay en esta iniciativa elementos que despiertan una razonable expectativa de avance. Desde luego, las propuestas del plan son el fruto de un amplio trabajo en el que participaron parlamentarios de la zona pertenecientes a las más diversas sensibilidades políticas y donde se escuchó la opinión de las comunidades locales, que conocen bien sus necesidades. Ello fue lo que permitió identificar cuatro ejes de acción -turismo, agricultura y ganadería, conectividad y energías renovables-, que reflejan de modo efectivo las potencialidades de la zona y cuyo desarrollo puede abrir nuevas oportunidades para sus habitantes y frenar así el sostenido éxodo poblacional. Por otra parte, en el diseño y ejecución de esta política intervienen nueve ministerios, lo que da cuenta de un esfuerzo conjunto para enfrentar la situación, el que ya empieza a tener efectos concretos, como la reciente firma de un convenio entre la Universidad de Concepción y la comuna de General Lagos para diseñar un plan estratégico para el potenciamiento de la ganadería de camélidos sudamericanos.
Particularmente relevante es, finalmente, el papel que ha cumplido en el impulso de estas iniciativas el Ministerio de Relaciones Exteriores, el que revela una adecuada comprensión de la relevancia de esta zona y de su desarrollo para los intereses permanentes del país.