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Editorial
Lunes 17 de diciembre de 2018
Pobreza en Argentina
Todavía esperando el despegue económico, las cifras de pobreza recién conocidas golpean duro a Argentina y al gobierno de Mauricio Macri, comprometido en aplicar un programa económico que debiera dar estabilidad en el mediano y largo plazo. Por ahora, el paquete de ayuda que acordó con el FMI en octubre sirve para superar el momento, hasta que mejoren las condiciones objetivas y se recupere la confianza que permita el retorno del crecimiento.
El gobierno usó ya el primer tramo del préstamo del FMI, y esta semana debería liberar unos 7.600 millones de dólares, del total de más de 55 mil millones aprobados, del programa que incluye recortes presupuestarios. Con el déficit fiscal controlado, según el FMI, Argentina debería comenzar a estabilizar la economía.
Sin embargo, las condiciones de vida de los argentinos todavía no mejoran, y eso es lo que reflejan los datos de pobreza recogidos por la Universidad Católica Argentina, UCA, en su informe sobre el tercer trimestre del año. Según ese estudio -la única medición creíble que se tenía durante los años del kirchnerismo-, el 33,6% de los argentinos están en condición de pobreza (13,6 millones de personas), y la indigencia alcanzó al 6,1% (2,47 millones). Representa el número más alto en todo el período de Macri, después de haberse reducido a cerca del 25% a mediados de 2017.
Este ha sido un año difícil para la economía argentina, y según el análisis de la UCA, "la inestabilidad macrofinanciera sumada a los efectos de la sequía sobre la producción agropecuaria consolidaron una crisis externa que terminó en una fuerte depreciación del peso, una aceleración de la tasa de inflación y una caída del peso real". Todo eso golpeó el consumo interno, con la consecuente caída de los sectores medios bajos y el aumento de los pobres.
En vísperas de un año electoral, estas no son buenas noticias para Macri, que se repostulará a la Presidencia. Pero el gobierno se muestra optimista en que los índices mejoren hacia mediados del próximo año. Hay ciertas señales de recuperación. La inflación, que ha acumulado hasta noviembre un 43,9%, el mayor porcentaje desde la crisis de 1991, ha mostrado ir a la baja en las últimas tres mediciones, gracias a las medidas adoptadas por el Banco Central y, por cierto, a la llegada de los recursos del FMI. Pero mientras la economía no crezca, sigue el temor a que el desempleo aumente y que el mercado laboral mantenga puestos precarios. Para sostener el rumbo, Macri requiere que lleguen las inversiones, aumenten las exportaciones y se reactive un mercado interno que sigue muy deprimido.
El gobierno tiene un desafío importante en términos políticos, porque si bien siempre ha reconocido que la recuperación de la economía no sería fácil debido al estado calamitoso en que la heredó de las administraciones de los Kirchner, si no es capaz de mostrar resultados, eso lo aprovechará Cristina Fernández, todavía activa y resuelta a mantenerse en la política.
AMLO y la reforma educativa en México
En una acción cargada de significado, Manuel Andrés López Obrador envió al Congreso el Plan General de Educación, un proyecto que revierte la reforma con la que el gobierno anterior buscaba mejorar la calidad de la enseñanza y terminar con el clientelismo en el sector, pero resistida por los gremios de profesores.
"Compromiso cumplido, maestras y maestros de México", fue la declaración con la que el flamante Presidente reconoció que su iniciativa apunta más al bienestar de los profesores que a la calidad de la educación nacional. El proyecto de AMLO les garantiza no tener exámenes para acceder al magisterio ni someterse a evaluaciones para lograr promociones, al mismo tiempo que se elimina el ente autónomo encargado de hacer esas mediciones de desempeño. Este último será reemplazado por otra institución en cuya directiva estarán representados los dirigentes gremiales.
Si el proyecto es aprobado en el Congreso, donde el gobierno tiene mayoría -aunque necesita dos tercios de los votos porque es una reforma constitucional-, AMLO habrá enterrado uno de los emblemas de los cambios propugnados por Enrique Peña Nieto, quien luchó por erradicar prácticas perjudiciales para la calidad de la educación, como la "herencia" y "venta" de cargos docentes, la inamovilidad de los profesores y directores, un esquema controlado por los sindicalistas del sistema educacional.
AMLO ha levantado como una de las banderas de su gobierno la lucha contra la corrupción. Si la reforma se concreta, en la práctica tendrá que demostrar que su iniciativa está en línea con esa política general, y deberá evitar que los gremios retomen el control de la carrera docente, lo que hizo tanto daño al sistema educativo al aplicarse un criterio político e ideológico, en vez de uno basado en factores como el mérito, la competencia y la capacidad.