SERGIO ESPINOSA V.

"Dado que estamos hablando de un cambio estructural al Estado chileno, históricamente muy centralizado, es necesario hacerlo llegando a un amplio consenso técnico, político y social, para evitar luego constantes reversiones". Así resume Ignacio Irarrázaval, académico del Centro de Políticas Públicas UC, los problemas que anticipa luego de la promulgación en febrero pasado de las leyes referidas a la descentralización del país, que comenzarán a regir a contar de 2020. Cambios que, según un análisis efectuado junto a Jorge Rodríguez, también académico de esa entidad, tendrán importantes consecuencias en la gestión pública cuando entren en vigencia debido a aspectos que no quedaron debidamente resueltos en la nueva legislación.

Porque si bien ambas iniciativas -una que regula la elección de Gobernadores Regionales y otra que fortalece a las regiones- intentan hacerse cargo de la demanda por mayor descentralización que existe en las distintas regiones, estarían a su juicio lejos de satisfacer a cabalidad esos anhelos y generar una situación de equilibrio. En cambio, apuntan a que gatillarán una serie de desafíos que es indispensable abordar.

Por ejemplo, el estudio plantea la duda de si los gobernadores regionales que se elegirán en octubre de 2020 por voto popular en reemplazo de los intendentes, tendrán las competencias, atribuciones y herramientas legales para cumplir con sus compromisos de campaña. Anticipan que si ello no ocurre, se convertirán en voceros de las demandas regionales ante el gobierno central. Irarrázaval apunta a que coexistirán además con el delegado regional presidencial, quien controlará a las seremías. El riesgo político, sostienen, es cómo se diferenciarán, ya que tendrán desafíos comunes, pero responsabilidades y expectativas políticas diferentes.

Un segundo problema será el traspaso de competencias desde el nivel central a los gobiernos regionales. "La asignación de recursos a las regiones ha sido uno de los temas más complejos de la tramitación legislativa del proyecto de ley de presupuestos del sector público para 2019", dicen.

Si bien la ley le da al Presidente de la República la facultad de traspasar esas competencias hasta 2022 (en temas como ordenamiento territorial, fomento productivo, y desarrollo social y cultural), el estudio plantea la importancia de que estas se hagan antes de esa fecha "para obtener los aprendizajes necesarios en la práctica y realizar las adecuaciones necesarias".

Un tercer problema se visualiza con los presupuestos regionales. Hoy los recursos no ejecutados por el Gobierno Regional son reintegrados al Tesoro Público, salvo que la Dipres autorice sumarlos al presupuesto del año siguiente. Los académicos subrayan que una vez que estén instalados los gobernadores electos el reintegro de estos fondos será un motivo de conflicto político, ya que "argumentarán que estos le pertenecen a su región". E indican que debe definirse si los recursos que se traspasen serán de libre disposición o estarán vinculados a una función determinada.



''Estos proyectos se aprobaron con votos de