Un aumento exponencial han tenido en los últimos años las tomas costeras en terrenos fiscales de la Región de Atacama, problema que se repite en muchas zonas del país. Un reciente catastro del Ministerio de Bienes Nacionales -realizado mediante fotografías, videos y planos- arroja que en cuatro años las ocupaciones ilegales pasaron de 2.600 a más de 7.000 en la región. De esta forma, se ha constatado la existencia de más de 20 localidades con asentamientos en 498 hectáreas de terreno fiscal.

Paradójicamente, las tomas no se relacionan con personas que no han encontrado otra forma de acceder a una vivienda básica, sino que se trata en muchos casos de "segundas viviendas" -lugares de vacaciones o recreación- y un muy bajo número corresponde a viviendas permanentes. Gran parte de las construcciones es de material ligero, de baja calidad, y la mayoría de estos lugares carece de servicios sanitarios básicos.

Asimismo, las tomas no pagan ningún tipo de contribución y solo generan importantes gastos para los municipios, por la distribución de agua que deben hacer con camiones aljibe y el retiro de cientos de toneladas de basura, principalmente en los meses de verano. Además, estos asentamientos producen problemas medioambientales, debido a la ausencia de urbanizaciones; afectan el turismo, puesto que se encuentran en lugares de alto atractivo, e impactan sobre los presupuestos comunales por los servicios que deben ofrecer.

Ante esto la gran pregunta es qué debe hacer el Estado. Lo obvio sería restaurar el Estado de Derecho y erradicar esas precarias construcciones. Sin embargo, ello tiene un fuerte costo económico y un alto precio político, lo que explica que hasta ahora no se hayan producido desalojos.

Otros han planteado que una alternativa sería regularizar las tomas existentes reconociendo un cierto "derecho histórico" de quienes están en esos lugares; sin embargo, ello solo sería un incentivo a seguir reproduciendo estas conductas en otros lugares del país. Finalmente, también se ha planteado como solución que el Estado venda esos terrenos, estableciendo primero redes básicas de servicios públicos, ofreciendo una opción preferente a quienes ya tienen sus viviendas en esos lugares.

Durante diciembre se espera que el Gobierno dé a conocer el informe final, y una vez con los resultados, se ha anunciado que se dará paso al plan de acción.

Sin embargo, la única solución que cabría en este sentido es un plan de erradicación de grandes superficies de terrenos y la posterior venta al sector privado -en aquellos lugares apropiados- para que se puedan desarrollar proyectos inmobiliarios o turísticos formales. Cualquier otro camino sería no solo costoso para las regiones y comunas involucradas, sino que para el país completo por la mala señal que ello implicaría.