Predecible fue el resultado de las elecciones legislativas y de gobernadores en Estados Unidos: los demócratas tomaron el control de la Cámara de Representantes y los republicanos mantuvieron, incluso aumentaron, su mayoría en el Senado. Lo incierto son las consecuencias y los futuros riesgos para Donald Trump y para la gobernabilidad de los Estados Unidos.

Se repite, con buenas razones, que esta fue una elección extraordinaria, un plebiscito sobre Donald Trump, sobre su gestión y la polarización que ha producido.

No es extraño que el Presidente perdiera el control de la Cámara. Solo dos mandatarios en un siglo -Franklin D. Roosevelt y George W. Bush- alcanzaron la mayoría en ambas Cámaras en las elecciones intermedias parlamentarias de su primer período presidencial. Enfrentaban situaciones excepcionales, la depresión de la primera parte del siglo XX y el terrorismo.

El protagonista de la campaña parlamentaria fue el propio Presidente Trump, algo tan inusual como el que no se resaltara más enfáticamente el excelente estado de la economía bajo su administración, la más baja desocupación en medio siglo y el aumento de los salarios, omisión que quizás conspiró a favor del desinterés de los electores en este tema. El mandatario optó, en cambio, por defender lo más polémico de su agenda en materia de salud, migraciones y proteccionismo. A ello agregó un lenguaje agresivo y ataques personales a sus opositores.

Los republicanos, aunque heridos por la pérdida del control de la Cámara y de algunas gobernaciones, fortalecieron su mayoría en el Senado, mantienen el Poder Ejecutivo, aumentaron recientemente su afinidad con la mayoría de los jueces de la Corte Suprema y disponen del mayor número de gobernadores.

Los resultados electorales que determinaron separar el control de cada una de las dos Cámaras, bajo partidos opositores, han sido analizados más allá de las líneas partidarias.

Se afirma que la nueva división del Legislativo aporta un mayor equilibrio de poderes y fortalece la fiscalización del Ejecutivo, tarea que corresponde a la Cámara de Representantes, y que se reclama ante un Presidente declaradamente antisistema, que amedrenta a sus opositores y que proporciona flancos de ataque por algunas conductas.

Esperable es que la mayoría demócrata en los comités de fiscalización intensifique las investigaciones sobre la gestión de Trump y sus colaboradores, mediante citaciones a audiencias, testimonios y solicitudes de exhibición de documentos, antecedentes y pericias. Desde ya se anticipa que forzarán al Presidente a entregar sus declaraciones de impuestos, que se niega a hacer públicas. También se anuncia que respaldarán al fiscal especial Robert S. Mueller, encargado de investigar cualquier vínculo entre el gobierno ruso y personas asociadas a la campaña del Presidente Trump en 2016. La mencionada investigación podría concluir en la recomendación de un juicio político. Lo traumático de ese proceso y lo difícil de lograr el respaldo de dos tercios de los senadores permiten asignarle muy bajas probabilidades.

Se corre el riesgo de una oposición destructiva y paralizante, que afecte el buen desempeño de la economía, que incremente el desprestigio de los parlamentarios, por la brecha con las aspiraciones y necesidades del electorado y que concluya beneficiando al Presidente, a su reelección y a su partido.

A pesar de la desconfianza recíproca con el Presidente y su partido, los demócratas se han manifestado dispuestos a negociar en algunas materias en que hay posiciones menos distantes, hasta compartidas, tales como los financiamientos de programas masivos de infraestructura, regulaciones del mercado de los medicamentos, permisos parentales, legislación de las preexistencias sanitarias y defensa de la privacidad y de la intromisión de las grandes empresas tecnológicas, por mencionar algunas.

Estados Unidos y la comunidad de naciones se beneficiarían de un mejor entendimiento entre Trump, su partido y los demócratas.