Señor Director:
Desde hace años promovemos desde el Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) una perspectiva política que restaura el principio de subsidiariedad, entendido como la forma institucional que responde al hecho de la multiplicidad y complejidad de los bienes humanos con una integración igualmente múltiple y compleja de las organizaciones propias del Estado, el mercado y la sociedad civil. Esta forma, además, exige que toda intervención sea habilitante (que se oriente a entregar al intervenido la capacidad para dejar de necesitar dicha intervención) y demanda la responsabilidad solidaria de los más próximos a los problemas para enfrentarlos.
A esta agenda hemos sumado la de la opción preferencial por los más necesitados, partiendo por quienes son invisibilizados por las dinámicas del poder.
Siendo esto así, no podemos sino celebrar el espíritu que anima el plan "Compromiso País", que reconoce el hecho de que el Estado no es omnipotente, y convoca a otros actores al diseño y aplicación de políticas públicas orientadas a ir en ayuda de los que más lo necesitan. Destacamos, eso sí, que si esta iniciativa no es tomada en serio, su efecto será reforzar el irreflexivo estatismo que opera como sentido común en estos asuntos.
Del mismo modo, no podemos sino llamar la atención respecto de lo mucho que hay en juego en la disputa por la objeción institucional, que el Gobierno parece querer evadir. La tesis que el contralor Bermúdez intenta imponer es que lo público es lo mismo que lo estatal. Y si es concedido ese principio, la reivindicación del papel público de las instituciones privadas sufrirá un daño que tomará años en ser revertido.
Cuando hay tanto en juego, la incoherencia y la timidez política son un lujo reprochable. Tanto el Gobierno como los actores involucrados en estas dos situaciones deben tomarle el peso a la responsabilidad que tienen en sus manos, y actuar en consecuencia.
Claudio Alvarado R.Pablo Ortúzar M.
Instituto de Estudios de la Sociedad