En un esfuerzo de años por entender las causas de la pobreza, el destacado economista peruano Hernando de Soto ha argumentado que una de las grandes diferencias entre las sociedades ricas y aquellas pobres es que las familias en los países menos desarrollados no tienen capital. Curiosamente, estas familias tienen bastantes activos; algún terreno, una pequeña casa, y algunos animales. Pero esos activos no constituyen capital.

¿Qué explica esta diferencia? Los derechos de propiedad. La falta de derechos legalmente establecidos impide a las familias arrendar su propiedad en mercados formales o acceder a crédito entregando sus bienes como garantía. ¿Quién aceptaría una garantía que no tiene reconocimiento legal? Esta pequeña gran diferencia impide a muchos usar sus activos para salir de la trampa de la pobreza.

Un fenómeno similar se observa en La Araucanía. La masiva entrega de tierras a comunidades indígenas en los últimos 25 años no ha significado un cambio relevante en sus condiciones de vida. Por cierto, la situación económica y social es sustantivamente mejor que hace décadas, pero el rezago respecto del resto del país -cualquiera sea el indicador utilizado- es muy grande.

El talón de Aquiles de la política de tierras en La Araucanía es que ha entregado activos, pero no capital. La Ley Indígena facilitó la entrega de terrenos y títulos de dominio comunitarios, pero limitó su subdivisión, impidió su venta, y restringió decididamente su arriendo. Así, estas propiedades no han podido usarse para apalancar proyectos de desarrollo productivo de distinta naturaleza.

Las limitaciones a los mercados de la tierra son comunes en países pobres, y sus efectos económicos negativos están bien documentados. Por ejemplo, estudios muestran que la existencia de terrenos agrícolas muy atomizados en China afecta negativamente su productividad, y la eliminación de estas trabas podría aumentar la producción agrícola por trabajador en casi ocho veces. Otro caso interesante es el de Etiopía. Durante la década de 1970, el gobierno expropió la tierra agrícola y entregó lotes iguales a los campesinos, impidiendo la formación de un mercado secundario de arriendo. La liberalización en los 2000 promovió la adopción de mejores tecnologías y el uso de fertilizantes, con un incremento de casi tres veces en la productividad agrícola.

El gobierno ha presentado un plan ambicioso para La Araucanía, que entre otras medidas amplía las posibilidades para que comunidades indígenas subdividan sus tierras y suscriban contratos de arriendo. Ello aumentará su valor y generará más posibilidades para que las familias y comunidades decidan. Avanzar en el desarrollo de la región requiere complementar el activo rol que el Estado ha tenido en las últimas décadas con una mayor preponderancia de mecanismos de mercado.