De acuerdo con un informe elaborado por el Observatorio del Gasto Público, a petición de "El Mercurio", el presupuesto asignado para el presente año a las nuevas instituciones creadas en el Estado es de US$ 1.986 millones, de los cuales US$ 614 millones se financiarán con reasignaciones. Si bien parte importante de este gasto corresponde a lo que se destinará a la nueva Dirección de Educación Pública -organismo encargado de la supervisión de los nuevos Servicios Locales de Educación (SLE), que reemplazarán a las Corporaciones de Educación Municipal como administradores de los jardines infantiles, colegios y liceos estatales- y que por lo tanto también consiste en una suerte de reasignación desde los gobiernos locales (que dejarán de recibir las respectivas subvenciones por alumnos) al gobierno central, el efecto neto sigue siendo un incremento de lo que se denomina la "burocracia estatal".

Desde un punto de vista teórico, lo anterior no sería necesariamente malo, en el caso de que esos recursos se gastaran adecuadamente y/o que llegaran al destinatario al que se quiere llegar. Sin embargo, ello suele no ocurrir así. El caso más evidente es el de la creación de nuevos ministerios, cuya sola puesta en marcha requiere de una gran cantidad de recursos (los que son mantenidos en el tiempo) para sostener el aparato burocrático de la propia cartera, sin que de ello se derive un real beneficio para el área a la que se pretende abordar. Al contrario, los hechos muestran que a menudo la profusión de reparticiones públicas atenta contra la gestión eficiente del aparato estatal, al tornar más dificultosa su acción. Además, por esta vía se promueve la falacia de que el establecimiento de nuevas instancias ministeriales o subministeriales facilita la mejor atención de áreas y problemas específicos.

Esta equivocada idea pareciera haber tomado fuerza durante los últimos años, en paralelo con otro fenómeno igualmente discutible y que también multiplica la burocracia pública, como ha sido la creación de nuevas regiones, sin estudios claros que justifiquen su sustentabilidad e irrogando en cambio todos los nuevos gastos que supone replicar las instancias administrativas. Llevado a un extremo, ello amenaza revertir lo que fue la esencia del proceso de regionalización y terminar repitiendo un esquema de división territorial como el de las antiguas provincias, que al final potenció el centralismo.

En el caso de los ministerios, el fenómeno es parecido: mientras en el pasado se intentó reducir su número, fusionando a varios con sus respectivas subsecretarías, la realidad es que hoy aquellos han ido creciendo en número y en dotación. De hecho, al revisar los informes financieros es posible observar que -por ejemplo- el Ministerio de Ciencias y Tecnología tendrá un costo en régimen de $359.782 millones, de los cuales $352.716 millones se financiarán con reasignaciones presupuestarias provenientes principalmente del Ministerio de Educación y Corfo. Sin embargo, necesariamente la nueva figura institucional requerirá de una dotación mayor de personal que subsumirá parte de ese presupuesto, por ejemplo, por la innecesaria creación en un plazo de 10 años de 16 secretarías regionales ministeriales, pese a que la ciencia y la tecnología debieran desplegarse con fuerza solo en aquellos lugares donde está la masa crítica necesaria.

No resulta difícil advertir, además, que a medida que crece el número de ministerios, cada uno de ellos va adquiriendo una importancia relativa menor, y que para un Presidente, manejar un gabinete tan poblado se hace cada vez más inoperante. Así, en los hechos, la multiplicación de ministerios solo conduce a mayores ineficiencias y dificultades de coordinación para el centro de gobierno.