En "Crónicas de corrupción a la chilena" se señala que el presidente Carlos Ibáñez del Campo habría dicho una memorable e impactante frase: "Se llega al gobierno para favorecer: primero a los parientes y amigos, después a los conocidos y partidarios. Para los demás, ¡nada!". Sin duda, choca tal honestidad y no puede estar más lejos de lo que esperamos de la más alta autoridad de nuestro país y de un sistema democrático.

Considerando que hablamos de distintas épocas, en nuestra región lamentablemente a veces esta frase de los 50 se ha transformado en una realidad, con casos como Odebrecht, por solo nombrar al más grande por sus dimensiones transnacionales. Por mucho tiempo habíamos creído que Chile estaba libre de este fenómeno y que éramos un oasis en la región. Sin embargo, hoy tenemos a un diputado que fue sancionado como alcalde por fraude al fisco (con inhabilitación perpetua para volver a ser edil) y a un senador que asumió a pesar de estar imputado por cohecho, negociación incompatible y malversación de fondos, cuyo caso terminó en una suspensión condicional de la condena. A esto podemos sumarle los escándalos de financiamiento irregular de la política (Penta, SQM), el caso Caval, Corpesca, Basuras... y suma y sigue.

Si bien ningún país está libre de la corrupción, cómo se enfrentan estos casos habla mucho del sentido democrático y de justicia que tiene esa sociedad. Hoy en Chile, salvo cuando un funcionario o autoridad se lleva un sobre de plata para su casa, las sanciones son más bajas que el hurto de un chocolate o incluso que las establecidas en la "Ley Cholito" por lesionar gravemente a una mascota. Lo mismo ocurre con lo que hoy plantea el Gobierno: aumentar las sanciones de 5 a 10 años para los compradores de autos robados para combatir los portonazos.

Lo anterior hace pensar que la frase de la capellana de la cárcel de mujeres al Papa sobre que "en Chile se encarcela la pobreza" es cierta, ya que personas que cometen delitos comunes tienen más posibilidad de cumplir condena efectiva que aquellas que cometen delitos de corrupción. No hemos tomado con seriedad el impacto de la corrupción. No hemos decidido combatirla con firmeza. Sancionamos de modo profusamente más grave delitos contra mascotas o contra la propiedad, pero para los delitos de cuello y corbata reina la impunidad.

El Gobierno ha señalado que quiere despachar pronto un proyecto de ley que aumenta las sanciones a la corrupción incluyendo delitos de este tipo entre privados, para cumplir con los compromisos, las recomendaciones y exigencias de la OCDE ante su visita el próximo mes. Si bien ese proyecto aumenta los techos de las penas y solo en algunos casos los pisos, siguen siendo sanciones irrisorias en comparación con otros delitos que, incluso, pueden tener menos impacto en la vida cotidiana de las personas. En general las sanciones que propone el gobierno no son mayores a 5 años, lo que permite que los culpables accedan a salidas alternativas -sin pasar ni un solo día en la cárcel-, como ha pasado con los casos que hemos conocido hasta ahora. ¿No será mejor ponernos colorados ante el organismo internacional por un retraso en su aprobación pero hacer la pega bien y revisar las sanciones para darles la gravedad que se merecen?

La corrupción es violenta y afecta a un sinnúmero de personas. Es violenta cuando alguien obtiene un contrato público a través de un soborno; es violenta cuando los limitados recursos del Estado para temas tan necesarios como salud, pensiones o educación se van al bolsillo de unos pocos; es violenta cuando una ley que nos afecta a todos se hace para favorecer a unos pocos que pagan a oscuras por ello.

Si queremos estar en las grandes ligas y ser líderes internacionales en temas de probidad y transparencia, debemos avanzar en esta materia sin dudar. Llegó la hora de que nos avergüence ser cómplices de encarcelar la pobreza y no tomarnos en serio la oportunidad que tenemos de ser un país más probo y justo para todos. Llegó la hora de que no pongamos en riesgo nuestra democracia y seamos protagonistas en devolver la confianza en la política de nuestro país.

María Jaraquemada
Espacio Público