Chile, un país esencialmente marítimo, que posee 83.850 km de costa, sumando el perímetro de todos sus territorios insulares y oceánicos, y que dispone de una Zona Económica Exclusiva de 3.400.000 km {+²}, que es casi cinco veces la superficie de nuestro territorio continental, no contaba con una política oceánica. La que existía fue elaborada durante el Gobierno Militar y había caído en desuso, no tanto por inoperante como por un persistente olvido.

Finalmente, luego de dos años de trabajo, una comisión encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores e integrada por las carteras de Defensa, Economía y Medio Ambiente, más la participación de la Armada y varias reuniones con los principales actores del ámbito marítimo, académico y científico, se elaboró una nueva y actualizada Política Oceánica Nacional. Fue lanzada el viernes 9 de marzo, a poco de finalizar el gobierno anterior, buscando ser "integradora e inclusiva, permitiendo a nuestro país enfrentar de manera coordinada los enormes desafíos en materia oceánica, con una perspectiva de largo plazo".

El documento, en apretadas 60 páginas, destaca la importancia de esta política para un país oceánico como Chile, describe el contexto y la normativa legal asociada al mar. En su "Visión", aspira a contar con un océano "saludable" en cuanto protección y conservación; "seguro" para las actividades que en él se realicen; "formativo" en su calidad de laboratorio natural; "inspirador" desde una perspectiva cultural; y "predecible" respecto de los fenómenos naturales que lo afectan.

Iluminados por esa visión se indican nueve metas por alcanzar: conservar la biodiversidad, sin poner en riesgo el desarrollo; convertir el océano en uno de los pilares de nuestra actividad económica; neutralizar las amenazas, los actos ilícitos o las agresiones que afecten nuestra soberanía; respetar los acuerdos internacionales suscritos por Chile; posicionar a nuestro país como un actor relevante en los asuntos oceánicos; proteger las reservas de agua dulce, incluyendo las que flotan a la deriva en forma de témpanos; promover la conciencia y la comprensión ciudadana sobre la importancia de nuestro mar; fortalecer la institucionalidad, de modo de mejorar la coordinación y el proceso de toma de decisiones; y resguardar nuestros intereses en el continente antártico.

A partir de aquellas metas, se especifican los objetivos para cada una de las áreas sectoriales: Conservación de los ecosistemas marinos, costeros y de las islas oceánicas; desarrollo económico, considerando: pesca y acuicultura, infraestructura portuaria y transporte marítimo, industria naval, minería, energía, turismo, innovación; seguridad, desagregado en: océano como espacio de paz, áreas de responsabilidad y control, colaboración internacional, seguridad al comercio marítimo; océano y territorio, incluyendo: prevención de desastres naturales, comunidades costeras y borde costero; y, finalmente, desarrollo científico.

Se trata de una política bastante completa que, quizás por la premura con que fue promulgada, no ha tenido suficiente difusión. Ojalá sea acogida por el nuevo gobierno, traduciéndola en programas debidamente evaluados, financiados y con avances medibles, de modo que Chile asuma el destino oceánico al que lo impele su geografía.

Miguel A. Vergara Villalobos
Presidente Liga Marítima de Chile