Señor Director:
En su cuenta pública, el Presidente Piñera propuso como reemplazo del CAE prácticamente lo mismo que planteó en 2012. Mientras, entre 2013-2017 se asignaron 430.844 nuevos créditos, según datos de la Comisión Ingresa. Para poner término adecuado a esta irracional política, se requiere un diagnóstico claro acerca de los impactos que ha tenido.
La discusión en la Comisión Investigadora de la Cámara sobre este tema arroja algunas luces. Llamativa fue la "defensa" hecha por Tomás Bayón, director de Ingresa, al decir que si lo gastado en CAE se hubiese utilizado en gratuidad "se habrían financiado 533 mil carreras y no 874 mil como se ha hecho". Es decir, se pudo haber hecho algo distinto a endeudar a miles de estudiantes y tratarlos como consumidores de una educación mercantilizada.
Lo anterior contrasta con quiénes son los que ganan. El primer director de Ingresa -Christian Larraín-, además del mismo Bayón, dieron cuenta de licitaciones que han incluido recompras de cerca del 100% pagados a la banca con altos sobreprecios sobre el valor de los créditos. Por otro lado, el 70% del crecimiento de la matrícula desde 2005 se ha concentrado en 20 instituciones privadas, algunas pertenecientes a grupos lucrativos en el mundo entero, como lo es Laureate, que pasó en tiempo récord a concentrar una matrícula equivalente a la de toda la educación estatal.
Frente a un gobierno que "juega al avestruz" en educación, la discusión sobre el CAE nos invita a reabrir el debate sobre la reforma educacional. Como lo muestra la renuncia de Pilar Armanet al PPD, hoy es cada vez más incompatible declararse "progresista" y defender el enriquecimiento de grandes capitales a costa de los estudiantes y del fisco. La reconstrucción y expansión de un sistema público, gratuito y mayoritario debe ser la orientación fundamental para cualquier acuerdo posible entre las fuerzas sociales y políticas opositoras en materia de educación superior.
José Miguel Sanhueza
Fernando Carvallo
Fundación Nodo XXI