No parece razonable evaluar a un gobierno que asumió hace menos de 3 meses. Ni siquiera ha alcanzado aún la mítica cifra de los 100 días que tanto destacan la prensa y los analistas. En ese sentido, que la exposición reciente del Presidente Piñera se entienda como una cuenta pública, solo tiene carácter anecdótico.
Es posible, sin embargo, evaluar si el impulso y el espíritu que ha transmitido el gobierno en este período están a la altura de las altas expectativas que existen sobre su gestión. A pesar de que la unanimidad de los líderes de opinión indicaba que ganaría en segunda vuelta, sólo si concurrían menos electores que los que se presentaron en la primera instancia, el Presidente ganó por un amplio margen con una concurrencia sustancialmente mayor.
Lo que motivó a esos ciudadanos a expresarse fue el deseo de frenar el deterioro en que el Gobierno pasado sumió al país. No esperan un cambio de tendencia menor, sino el retorno al progreso acelerado que Chile necesita y al que se había acostumbrado.
Desde sus primeros días el gobierno de Bachelet amenazó con modificaciones laborales, tributarias, educacionales, electorales e incluso constitucionales, que, se pronosticaba, tendrían contundentes efectos negativos. Muchos de ellos son hoy realidad y la economía está recién empezando a absorber y enfrentar sus consecuencias.
No se observa todavía que el gobierno actual vaya a realizar un esfuerzo de magnitud proporcional para revertir los efectos de esas reformas y así garantizar que las esperanzas puestas en él se transformen en realidades. Que la oposición sea implacable en intentar preservar aquello que creó y que hoy pretende monopolizar, más que un impedimento, debe ser un incentivo para redoblar los esfuerzos.
El Gobierno presentó un programa para facilitar las inversiones, algo muy necesario, pues llevan estancadas cuatro años. Incluyó una Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) e iniciativas varias, todas útiles, pero no determinantes. Desgraciadamente, aunque se concreten, no alcanzarán a revertir los efectos antiemprendimiento que la economía aún no absorbe. Por ejemplo, los cambios en materia laboral están recién implementándose y existen muchas normas nuevas por entrar en vigencia con potencial para entorpecer, aún más, el esfuerzo de progreso. Es el caso de los planes regionales de ordenamiento territorial (PROT).
Los efectos sobre los incentivos para crear e invertir en Chile de la reforma tributaria, nocivos en sí mismos, hoy han aumentado porque son más atractivos otros países, como Estados Unidos, que ha avanzado en sentido inverso al chileno. Así como en los primeros días del gobierno anterior éste defendió con vigor una reforma antiemprendimiento, hoy no se ve la misma fuerza para proponer las modificaciones necesarias para que ese emprendimiento florezca.
Ello a pesar de que resultan bienvenidos los anuncios efectuados por el Presidente de la República en su reciente cuenta pública al país con miras a avanzar en mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles; modernizar el sistema de capacitación de los trabajadores; reducir la burocracia del sistema de evaluación de impacto ambiental; fomentar la inversión y la productividad, reduciendo trabas, y simplificar la regulación tributaria, reforma que promoverá, según señaló, un sistema tributario moderno que impulse la inversión, lo cierto es que su contenido y alcance hoy aún no se pueden dimensionar, por lo que constituyen lineamientos generales que no pueden evaluarse en tanto a su pertinencia y suficiencia.
Es posible que, en materias de progreso, este impulso insuficiente se origine en que el Gobierno no considera necesario un esfuerzo adicional para revertir el deterioro y conquistar el desarrollo por los mejores indicadores económicos de estos meses y las perspectivas favorables de la economía global.
Las cifras preliminares del primer trimestre 2018 ubican el crecimiento del PIB en 4,2%, muy superior al magro 1,7% de los últimos cuatro años. De igual forma, la variación de la inversión fue positiva en el primer trimestre después de cuatro años de haber sido negativa. Aunque se proyecte un año de 4% de crecimiento, no hay que caer en la complacencia. Parte importante de lo observado en los últimos meses es producto de la recuperación de la actividad minera en comparación con las paralizaciones del año pasado. En el trimestre ésta creció 19,3 % y ello no se repetirá a futuro.
La inversión ha entrado en terreno positivo, impulsada por la convicción de que el nuevo gobierno no será como el anterior, abiertamente contrario a los emprendedores, pero ello es solo un primer paso, ya que fue precedida por un largo período de decadencia. Es necesario acelerar el ritmo mucho más para sentar las sólidas bases que un crecimiento acelerado requiere. El país se recuperará del pobre desempeño reciente, pero transformar ese impulso en un crecimiento sostenido como el de las décadas anteriores requerirá un esfuerzo mucho mayor al que hoy se observa.
Si bien las perspectivas de la economía global se mantienen favorables, la experiencia indica que esa ayuda no se aprovecha plenamente si no se cuenta con los incentivos adecuados para catapultar el progreso. Por lo demás, en un entorno en que el mundo crece aproximadamente al 4%, medido en términos de PPP, se pueden producir igualmente hechos que pueden afectar a Chile y hacerle más difícil avanzar.
En las últimas semanas, el crecimiento que se preveía sincronizado en todas las economías se ha reforzado en Estados Unidos, mientras Europa decepciona. Se han manifestado serias dificultades en algunos países emergentes, siendo Turquía y Argentina los casos más notables. Esto es un indicio de que la transición desde políticas monetarias expansivas, como las de los últimos años, hacia un escenario de mayor neutralidad -transición que solo ha iniciado la Reserva Federal Americana- no estará exenta de riesgos.
La volatilidad de los mercados de esta semana nos recuerda que siempre es posible que suceda algo inesperado. Cuando parecían despejadas definitivamente las dudas sobre la viabilidad y continuidad del euro, los eventos políticos en Italia logran que vuelvan a aflorar, ahora gatilladas por la posibilidad de que un país de la comunidad busque distanciarse de la camisa de fuerza de los reguladores europeos, cuestionándose incluso su participación en el euro. No hay todavía una crisis financiera inminente, pero no debemos olvidar que Italia es uno de los principales países deudores, con un monto que supera los US$ 2,3 trillones, aunque parte importante de esa deuda es interna. Durante los últimos días vio subir el costo de endeudarse en más de 200 puntos.
Para el debate interno chileno es interesante tomar nota de la relación entre la inestabilidad política y su conexión con el pobre desempeño económico que Italia ha tenido. Después de Grecia, Italia es el país de la Unión Europea que menos ha crecido en los últimos veinte años. Mientras ello sucedía, Estonia, Eslovaquia y Lituania prácticamente duplicaban su producto interno e Irlanda los superaba a todos largamente, a pesar de la crisis financiera que vivió. Probablemente no es casualidad que Italia siga el estándar OCDE y estrangule al sector privado con impuestos abrumadores, mientras los demás países nombrados facilitan el ahorro y la inversión.
Si la actual administración quiere lograr no solo una recuperación del estancamiento, sino que además reiniciar un nuevo período de progreso sostenido, no puede confiarse ni en los mejores indicadores económicos que comienzan a aparecer, ni en una economía global sólida, pero llena de sorpresas. El esfuerzo requerido es sustancial y lo hasta ahora esbozado no parece suficiente.