Inútil es continuar enumerando los evidentes y sólidos fundamentos de la falta de legitimidad del Presidente Maduro y su reelección. La comunidad internacional lo anticipó y refrendó, antes y después de los fraudulentos y grotescos comicios del domingo recién pasado.

Tampoco basta con lamentar la demora e ineficacia en las reacciones, bilaterales y multilaterales, frente a un gobierno que por años ha arrasado con el Estado de Derecho, las libertades y los derechos humanos en Venezuela, exponiendo a su pueblo a la violencia, a la diáspora y a la miseria.

Lo que corresponde, ahora, es impulsar con decisión el aislamiento del régimen bolivariano para forzarlo a transitar a la democracia. El repudio al gobierno de Maduro cuenta con el respaldo transversal de amplios sectores políticos nacionales y de la región.

El Grupo de Lima y Chile deben ir más allá de meras declaraciones. De partida corresponde, sin dilaciones, una acción más coordinada y efectiva con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, para reunir los 2/3 de los miembros de la OEA, con el objeto de marginar de la organización y aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana.

Es incomprensible que Estados Unidos y la Unión Europea no logren influir o negociar con los países caribeños asistencias económicas que sustituyan a las decrecientes ayudas venezolanas. Doce de estas naciones pertenecen al Commonwealth Británico. Solo dos de ellas, Guyana y Santa Lucía, se han apartado recientemente de Maduro. El canciller británico en su visita a Santiago debe considerar la importancia de la intervención del Reino Unido para estos fines. Invitar a definirse a Uruguay y a Ecuador es a la vez necesario, como también impugnar la presencia de las representaciones de Venezuela en los organismos internacionales.

La presión internacional, asimismo, deben sentirla en sus relaciones políticas y económicas los aliados y cómplices de Venezuela en el ALBA (Bolivia, Cuba, Nicaragua y países caribeños que la apoyan).

Promover embargos nacionales o el empleo de la fuerza conduce a agravar la violencia, la polarización y la pobreza de un pueblo sufriente. Las ambiguas declaraciones de Estados Unidos en cuanto a mantener abiertas todas las opciones, no descartando la invasión, son contraproducentes interna y externamente: malogran el creciente rechazo a Maduro.

Las presiones deben apuntar directamente a los dirigentes del régimen venezolano y de sus fuerzas armadas, a sus viajes, bienes y negocios.

No es suficiente plantear el retiro o la negativa para reponer embajadores. Si se opta por rebajar de nivel las relaciones diplomáticas a encargado de negocios, debe pedirse la correspondiente salida del embajador venezolano residente. Además, no parece razonable mantener agregadurías de defensa, residentes o concurrentes, en Caracas. En Santiago, Venezuela cuenta con una misión militar numerosa, con un almirante, coronel de Ejército y otros altos oficiales. El aislamiento debe incluir a las relaciones castrenses.

Las fuerzas armadas venezolanas y Cuba son pilares fundamentales del gobierno de Maduro. No pueden quedar al margen de sanciones.