Sería un error de las empresas concesionarias de autopistas, sean urbanas o interurbanas, no procesar debidamente el ostensible cambio de percepción ciudadana sobre la calidad de sus servicios y el costo de los mismos.

Las protestas vividas en las últimas semanas con cortes de tránsito, perjudicando a cientos de miles de usuarios, es solo una muestra de las tensiones que afloran con este cambio de ánimo. Uno de los peligros de este estado de cosas es que se abona el terreno para propuestas populistas como ya se ha observado en sectores como el educacional, la salud privada o las pensiones. Las concesionarias suelen recurrir a los términos del contrato original para responder a los aspectos que la gente percibe como injustos. Así, el alza anual de 3,5% en el precio se torna casi opresivo para los usuarios que por razones estructurales deben hacer un uso intenso de esa infraestructura. El ingreso económico de las personas no ha aumentado a ese ritmo, haciendo que la cuenta del tag tenga cada vez más impacto en el presupuesto familiar. Quienes se trasladaron a vivir en barrios periféricos aprovechando la buena conectividad vial no tenían cómo conocer la evolución siempre al alza de las tarifas. El severo tratamiento a los morosos, contemplado en el contrato entre el Estado y las empresas, también sorprende a las personas. En paralelo, la calidad del servicio se resiente, pues la infraestructura de concesiones no ha crecido al ritmo del número de usuarios. El origen de este último problema es la rigidez de los contratos, que impide su adaptación, o la recompra y relicitación. En general, no se aprecia una mayor proactividad para enfrentar estas percepciones negativas.

Tras las protestas y la histórica congestión de Semana Santa, el Ministerio de Obras Públicas ha vuelto a levantar el tema de instalar sistemas de cobro electrónico de peajes o free flow en las autopistas interurbanas. Esto mejoraría la experiencia de los usuarios y atenuaría el malestar existente. Las concesionarias y su asociación gremial exigen como condición para la instalación de los telepeajes una compensación de cara al 3 o 4% de incobrables que podría producirse. Desde el punto de vista contractual, el argumento resulta incuestionable, pero nuevamente parece subestimarse el efecto que puede tener la percepción de que las concesiones han sido extraordinariamente rentables, lo que alimenta los planteamientos populistas.

Las fórmulas de compensación presentan diversos inconvenientes. El Estado podría compensar los impagos elevando las tarifas, compensando con recursos del fisco o alargando las concesiones. El primero no contribuiría a mejorar la imagen de las concesiones; el segundo enfrenta las restricciones presupuestarias, y el tercero retrasa el fin de los contratos y el arribo de nuevas concesiones a las que se podrían exigir ampliaciones de capacidad. De ahí que la autoridad espera una mayor contribución de las empresas para poner en marcha los telepeajes para mejorar la calidad del servicio y reducir el riesgo de los adversarios del sistema.

La falta de solución puede tensionar las relaciones especialmente si las autoridades -sujetándose a los contratos vigentes- enfatizan su rol fiscalizador y comienzan a medir con prolijidad los tiempos de espera en los peajes manuales en días de congestión y a aplicar las correspondientes multas.

Con todo, ese tipo de conflictos puede terminar afectando a las personas y deteriorar el trabajo conjunto que corresponde a una industria tan relevante para el desarrollo del país.