Una intensa agenda de reuniones con diversas entidades clasificadoras de riesgo ha sostenido el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en su reciente visita a Washington DC. Los objetivos son claros. En el corto plazo, presentar los planes del Gobierno en materia fiscal y de crecimiento a las diferentes entidades, de manera de poner en la mira de estos evaluadores externos los esfuerzos en estas materias. En el mediano plazo, el objetivo es mejorar la nota en la clasificación de riesgo soberana de Chile. La dificultad, sin embargo, radica en los medios para lograrlo.

Cuando a mediados de 2017, dos de las principales agencias de clasificación rebajaron la nota crediticia de la deuda soberana chilena, lo hicieron destacando "el prolongado período de bajo crecimiento económico" y "el aumento en la deuda de gobierno". Ambos elementos han contribuido al deterioro en la fortaleza macroeconómica de Chile y su capacidad de enfrentar shocks externos. Así, la peor nota en la clasificación de la deuda es consecuencia del deterioro en la disciplina fiscal, en un contexto de menor crecimiento potencial.

Ninguno de estos factores obedece a circunstancias puntuales de corto plazo, sino más bien resultan de dinámicas que se han ido acumulando por varios años. En lo fundamental, el debate político y la implementación de políticas públicas han llevado a un aumento muy significativo en la presión fiscal, al mismo tiempo que han contribuido a reducir la capacidad de crecimiento de la economía en el mediano plazo. Como las cuentas fiscales en Chile eran extraordinariamente sólidas hasta hace pocos años, el deterioro experimentado no ha permeado todavía en un costo de financiamiento alto o en una presión externa mayor. Pero la acumulación de déficits fiscales de manera sistemática y un bajo ritmo de crecimiento potencial sugieren que, en pocos años, Chile podría enfrentar un juicio de los mercados más negativo sin un cambio de dirección.

El desafío que tiene el Gobierno en esta materia es por lo tanto mayor. No es razonable esperar un cambio en la evaluación de las clasificadoras en el corto plazo, ya que los desafíos identificados son de largo aliento. Por ahora, la atención está puesta en el plan fiscal que presente el Ejecutivo. Este plan debe ser propender a dar certezas sobre un proceso de consolidación fiscal que sea realista y creíble.

El realismo se logra evitando un ajuste excesivo en el corto plazo, pero al mismo tiempo ofreciendo una convergencia al balance estructural que sea a un ritmo exigente y en un horizonte razonable. La credibilidad del plan fiscal descansa en dos pilares. En primer lugar, debe ser coherente con las propuestas que se están analizando en materia de impuestos y de pensiones, cuyas implicancias fiscales son de primer orden. En segundo lugar, la credibilidad pasa por el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, dotando al Consejo Asesor Fiscal con recursos y autonomía suficientes para ser una contraparte válida del Ministerio de Hacienda y del Congreso en el diseño de la política fiscal.

En esto, el Gobierno tiene una gran oportunidad. Ninguna administración hasta ahora ha estado dispuesta a potenciar un consejo fiscal independiente que tenga atribuciones y autonomía en su quehacer. La razón es sencilla: una contraparte fiscal creíble inevitablemente implica una pérdida de poder y de discrecionalidad del gobierno de turno en el manejo fiscal y en su contabilidad. El anuncio reciente del Ejecutivo de dotar al Consejo Asesor Fiscal de mayor autonomía va en la dirección correcta. Ello no solo redundará en una mayor credibilidad del plan para el actual período de gobierno, sino que permitirá proyectar un escenario de mayor certeza y transparencia en las cuentas fiscales hacia el mediano plazo, aumentando el costo político de aventuras fiscales y de creatividad contable.